EJE GENERAL 4 · DESARROLLO SUSTENTABLE
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 · Diagnóstico
EJE GENERAL 4
DESARROLLO SUSTENTABLE
El Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación tiene como base el impulso de un desarrollo sustentable, es decir, lograr un equilibrio entre desarrollo económico, social y ambiental que preserve el medio ambiente y evite un daño irreversible, al tiempo que busca evitar que se agoten los recursos naturales y permitir su disfrute a las generaciones futuras. La justicia social debe ir acompañada de una justicia ambiental, de un modelo de sociedad que disminuya su huella ecológica y respete los ciclos naturales de reproducción de la vida.
El desarrollo sustentable requiere un enfoque integral en la protección y el uso responsable de los recursos naturales. Es prioritario implementar políticas para reducir y revertir el daño ambiental, proteger los ecosistemas estratégicos del país -como bosques, selvas y cuerpos de agua- y fomentar el aprovechamiento de residuos mediante la economía circular. Esto implica incentivar el reciclaje de materiales, el aprovechamiento energético de residuos orgánicos y la gestión eficiente de desechos para reducir la contaminación y optimizar el uso de recursos.
La soberanía energética es un objetivo estratégico del PND, pero debe hacerse con una visión de sustentabilidad ambiental; para ello es fundamental consolidar la rectoría del Estado en el sector energético mediante el fortalecimiento de PEMEX y de la CFE. Esto permitirá eliminar la dependencia del exterior, asegurar precios accesibles para la población y avanzar hacia la autosuficiencia energética. En la matriz energética del país se impulsarán fuentes de energía renovables y se acelerará la transición energética con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, cumplir con las metas nacionales de energías limpias y honrar los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático.
Además de garantizar un suministro energético seguro, eficiente y asequible para toda la población, la justicia energética debe convertirse en un pilar del desarrollo nacional. Esto implica ampliar la cobertura y el acceso a la energía, especialmente en comunidades marginadas, asegurando que todas las regiones del país cuenten con fuentes de energía limpias y sostenibles.
Asimismo, es esencial garantizar el derecho humano al agua mediante una distribución equitativa y el desarrollo de infraestructura que lleve agua potable a todas las comunidades. Esto incluye proyectos de saneamiento, rehabilitación de redes hídricas y tratamiento de aguas saladas para su aprovechamiento. La protección de fuentes acuíferas se vuelve una necesidad urgente ante los crecientes desafíos del cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación.
En el sector agrícola, se debe fomentar el uso eficiente del agua con tecnologías que reduzcan el desperdicio y promuevan la conservación de este recurso vital. Por ello, se debe evitar la implementación de procesos industriales que requieran un alto consumo de agua en regiones donde este recurso escasea, como en el norte del país. Es necesario ampliar las zonas naturales protegidas y establecer protocolos para descontaminar tierras, aguas y aire en zonas que ponen en riesgo la salud de la población.
Estas acciones buscan equilibrar el desarrollo económico con la responsabilidad ambiental, asegurando que las generaciones presentes y futuras cuenten con los recursos y condiciones necesarias para una mejor calidad de vida. La consolidación de un modelo energético sustentable y una gestión responsable de los recursos naturales son claves para garantizar la viabilidad ambiental, económica y social del país a largo plazo.
Diagnóstico
República soberana y con energía sustentable
Desde el sexenio pasado, el Gobierno de México implementó una política energética orientada al rescate del sector para fortalecer el desarrollo económico. Sin embargo, es fundamental consolidar la soberanía energética y la sostenibilidad ambiental. Para ello, la política pública debe garantizar la autosuficiencia energética, reducir la dependencia de importaciones y mantener precios accesibles, todo ello con un enfoque de sostenibilidad, innovación y desarrollo tecnológico.
Recuperar la rectoría del Estado en el sector energético exige fortalecer las empresas públicas del Estado como Pemex y la CFE mediante una mayor inversión, austeridad y combate a la corrupción, asegurando su solidez financiera. En el último sexenio, se rehabilitó el Sistema Nacional de Refinación, se construyó la refinería Olmeca en Dos Bocas y se adquirió la refinería Deer Park en Texas. Además, se construyeron plantas coquizadoras en Tula y Salina Cruz, y se reforzó el combate al mercado ilícito de combustibles. En el sector eléctrico, se modernizaron 16 hidroeléctricas, se iniciaron 15 nuevas centrales de generación y se construyó la central fotovoltaica Puerto Peñasco en Sonora, la más grande de América Latina.
Para fortalecer la seguridad energética, el Estado reservó la explotación del litio, clave para la producción de baterías y almacenamiento energético. Sin embargo, el desafío central sigue siendo acelerar la transición energética garantizando el abastecimiento a precios justos. La transición hacia energías renovables reducirá la dependencia de combustibles fósiles y permitirá cumplir con compromisos internacionales en materia climática.
Actualmente, el 89% de la energía del país proviene de combustibles fósiles y el 62% de la electricidad se genera con gas natural, en su mayoría importado de los Estados Unidos de América, sin un sistema de almacenamiento que neutralice riesgos de escasez. Además, solo el 11% de la energía proviene de fuentes renovables. Ante ello, es necesario fortalecer y expandir la red eléctrica para atender la creciente demanda, reducir la congestión y conectar nuevas fuentes de generación renovable. La CFE deberá garantizar un suministro confiable mediante proyectos renovables, esquemas de inversión claros y procesos simplificados para el autoabastecimiento energético en hogares e industrias.
La política energética debe fomentar el uso eficiente de la energía, promoviendo medidas de ahorro y el consumo de productos de alta eficiencia energética. Asimismo, la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico debe enfocarse en fortalecer la planeación del sector, garantizar el acceso a electricidad en comunidades sin servicio, modernizar el transporte público con criterios de sustentabilidad y establecer reglas claras para atraer inversión privada.
En el mercado de petrolíferos, la producción debe priorizar el consumo nacional sobre la exportación, impulsando la producción de petroquímicos para fortalecer la industria, incrementar reservas de forma sostenible y fomentar la producción de fertilizantes para la seguridad alimentaria. A la par, la industria de hidrocarburos debe reducir emisiones y adoptar tecnologías limpias para descarbonizar sus operaciones.
A pesar de los avances en el suministro eléctrico y la autosuficiencia en hidrocarburos, persisten desigualdades en el acceso y el costo de los servicios energéticos, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. La política energética debe redoblar esfuerzos para garantizar que toda la población tenga acceso a energía confiable, asequible y ambientalmente sostenible.
República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales
México alberga el 12% de la biodiversidad global en sus ecosistemas terrestres, marinos y costeros. Esta riqueza natural ofrece importantes beneficios en la producción agropecuaria y otros bienes, pero también plantea retos para su preservación y mitigación del cambio climático.
Por décadas, el modelo económico basado en la extracción, producción y consumo ha deteriorado gravemente el medio ambiente, contribuyendo a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Según el INEGI, el 28% de los ecosistemas terrestres han sido transformados en zonas agropecuarias y urbanas, agravando la deforestación. Entre 2001 y 2023, México perdió 4.8 millones de hectáreas de cobertura forestal, impulsado por actividades ilegales, corrupción, debilitamiento del tejido social y efectos del cambio climático.
A pesar de los esfuerzos de conservación, como las Áreas Naturales Protegidas y las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, que abarcan 99.2 millones de hectáreas y representan el 12% del territorio terrestre y el 24% del marino, estos ecosistemas enfrentan amenazas como el cambio de uso de suelo, la fragmentación del hábitat y la introducción de especies invasoras. Es crucial ampliar la superficie conservada y alcanzar la meta global de proteger el 30% de los territorios terrestres y marinos, implementando esquemas efectivos de protección, conservación y gobernanza ambiental.
El cambio climático acelera la degradación de la biodiversidad. Sus efectos incluyen el aumento de temperaturas, el ascenso del nivel del mar, la reducción de glaciares, cambios en los patrones de precipitación y fenómenos meteorológicos extremos como huracanes e incendios forestales. México ha adoptado medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en la descarbonización de sectores estratégicos, en línea con el Acuerdo de París y los compromisos de la 29ª. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para limitar el calentamiento global a 1.5°C.
La contaminación del aire es otro factor crítico. Actualmente, 24 entidades federativas han implementado programas de calidad del aire, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y mejorar la salud en las ciudades con mayor polución.
Además, el manejo de residuos representa un desafío urgente. México genera 43.8 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, pero solo el 31.6% tiene potencial de aprovechamiento. La mayoría termina en sitios de disposición final sin procesos de reciclaje o revalorización. Para reducir la generación de desechos, es necesario impulsar la economía circular en los municipios más contaminados, promoviendo la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos en el sector productivo, así como proyectos de infraestructura sustentable y un ordenamiento territorial eficiente.
El cumplimiento de la normatividad ambiental debe fortalecerse mediante una supervisión más estricta, la aplicación efectiva de sanciones y la reparación de daños a ecosistemas y comunidades.
Finalmente, el diseño y ejecución de la política ambiental requieren una participación activa de la sociedad. Es fundamental fomentar la educación ambiental, el diálogo multisectorial y la articulación de esfuerzos entre distintos niveles de gobierno para garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural de México.
República con derecho al agua
El acceso, la suficiencia y la calidad del agua son desafíos globales críticos, pues este recurso es fundamental para la seguridad alimentaria, la generación de energía y la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tres de cada diez personas en el mundo carecen de acceso a agua potable en el hogar y seis de cada diez no cuentan con saneamiento seguro.
En México, la disponibilidad de agua per cápita ha disminuido drásticamente, pasando de 17,742 a 3,656 metros cúbicos por habitante en siete décadas, con una proyección de solo 3,285 metros cúbicos para 2030. Este problema se agrava por el uso ineficiente del recurso, especialmente en la agricultura, que consume más del 70% del agua concesionada, y la industria, que tiene un bajo nivel de reúso.
La calidad del agua también enfrenta serios desafíos: el 70% de los ríos del país está contaminado por descargas de aguas residuales y químicos agrícolas. Además, solo la mitad de las aguas residuales municipales generadas en 2023 fueron tratadas. La sobreexplotación ha generado problemas de disponibilidad en 104 de las 757 cuencas hidrológicas y en 286 de los 653 acuíferos.
En los últimos años, se han implementado acciones para garantizar progresivamente el derecho al agua y al saneamiento, priorizando a las poblaciones con menor acceso. Entre 2019 y 2024, se destinaron más de 110 mil millones de pesos en 18 obras estratégicas, beneficiando a más de 24 millones de personas. Sin embargo, aún se requiere una estrategia integral para asegurar la dotación de agua en cantidad y calidad suficientes, prevenir la sobreexplotación y evitar el acaparamiento.
Es fundamental fortalecer y ampliar la infraestructura hídrica, incluyendo la construcción y mantenimiento de acueductos y presas en coordinación con los distintos niveles de gobierno. Asimismo, se deben impulsar proyectos de reciclaje de agua para su uso en riego, minería y recarga de presas, maximizando la reutilización de los volúmenes tratados en las ciudades.
Además, se debe promover el uso de tecnologías de desalinización en las zonas con mayor estrés hídrico, garantizando que las descargas de salmuera no afecten los ecosistemas marinos. Con estas acciones, México podrá garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras.
EJE GENERAL 3 · ECONOMÍA MORAL Y TRABAJO · EJE TRANSVERSAL 1 · IGUALDAD SUSTANTIVA Y DERECHOS DE LAS MUJERES