EJE GENERAL 3 · ECONOMÍA MORAL Y TRABAJO
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 · Diagnóstico
EJE GENERAL 3
ECONOMÍA MORAL Y TRABAJO
Para fortalecer el proyecto histórico de los mexicanos, de ser un país soberano, independiente y democrático se requiere fortalecer la economía nacional, impulsar una política industrial integral que ayude a disminuir nuestra dependencia del exterior, que incentive la inversión nacional y extranjera responsable, y que además permita a las empresas nacionales participar de las cadenas globales de producción y de valor.
La economía moral representa un modelo de desarrollo económico del país a partir de fortalecer la capacidad de consumo de la mayoría que está en la base de la pirámide a través de los programas sociales, creando más empleos y mejorando los salarios, alcanzando a duplicar el salario mínimo en términos reales. Ha sido un círculo virtuoso del que todos los sectores se han beneficiado. Gracias a ello han mejorado las condiciones de vida de millones de mexicanos que han dejado la condición de pobreza en estos tiempos de transformación.
Un aspecto fundamental de las políticas de desarrollo económico y social es la innovación que representa el impulso a la economía social como son las cooperativas, asociaciones, cajas de ahorro, mutuales; actores que involucran a más de 14 millones de mexicanos, incluyendo ejidos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Frente a la limitación de la economía de mercado para generar empleos debido a la automatización, los proyectos de economía social permiten desarrollar alternativas laborales y económicas basadas en la autoorganización, el cooperativismo, la solidaridad, la ayuda mutua, la reciprocidad y el respeto al medio ambiente.
Este Plan contiene acciones de política orientadas a promover una mejora continua y sostenible del bienestar de toda la población, con especial atención a las y los trabajadores, particularmente aquellos que laboran y viven en el campo. El objetivo principal es garantizar el derecho a un salario digno, que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Además, se buscan acciones que favorezcan el acceso a mejores pensiones y seguridad social, asegurando que todas las personas cuenten con un respaldo económico adecuado en la vejez.
Es importante establecer un equilibrio entre trabajo y vida familiar, promoviendo políticas que favorezcan la calidad de vida de las y los trabajadores, permitiendo que puedan atender sus necesidades laborales sin descuidar su bienestar personal y familiar. Estas acciones no solo buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino también de sus familias.
Otro objetivo estratégico es fortalecer el campo mexicano y lograr la soberanía alimentaria de México, a través del apoyo al sector agrícola y la protección de los derechos de quienes trabajan y viven en el campo.
Asimismo, se contemplan iniciativas para desarrollar infraestructura estratégica que habilite una República mejor conectada. Esto incluye la mejora del transporte de pasajeros y la modernización de los puertos y aeropuertos, la promoción de la infraestructura para el comercio interno y transfronterizo, lo cual permitirá conectar de manera más eficiente a las distintas regiones del país, impulsando el desarrollo económico.
El propósito de estas acciones es construir un México más justo y productivo, donde el fruto del trabajo alcance para el bienestar familiar y se valore la contribución de todas las personas al desarrollo económico del país, asegurando que cada una, independientemente de su ocupación, pueda disfrutar de una vida digna y de un entorno favorable para su desarrollo pleno.
Diagnóstico
República con trabajo y salario justo
Entre 1976 y 2016 el salario mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo, transformándose de una herramienta para proteger el ingreso de las personas trabajadoras a un simple indicador económico bajo el modelo neoliberal. El mercado laboral mexicano también sufrió desajustes derivados de desigualdades estructurales por condición de sexo, edad, color de piel, etnia, nivel socioeconómico y ubicación geográfica, lo que ha obstaculizado el acceso a empleos formales y dignos, especialmente para las mujeres, los jóvenes y los grupos históricamente excluidos.
La República con trabajo y salario justo tiene como objetivo restaurar el poder adquisitivo de las familias, promoviendo un ambiente laboral sin discriminación y con igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Desde 1996 hasta 2018, fin del periodo neoliberal, el salario mínimo mensual fue inferior al 90% del valor de la línea de pobreza para zonas urbanas, lo que limitó su capacidad para cubrir las necesidades básicas de la población. Durante la década de los ochenta, México tenía el tercer salario mínimo más alto de Latinoamérica, pero para 2010, ocupaba el antepenúltimo lugar en la región.
El contexto laboral de las y los mexicanos era aún más crítico si se considera la tasa de pobreza laboral, que mide el porcentaje de personas cuyo ingreso laboral no es suficiente para una alimentación adecuada. Esta tasa se mantuvo por encima del 37% entre 2009 y 2023, y en 2024 se redujo a 35.3%. Este panorama hace urgente la recuperación del poder adquisitivo de las personas trabajadoras, para que sus ingresos les permitan mejorar la calidad de vida de sus familias.
La nueva política de salarios mínimos implementada por el Gobierno de México se ha centrado en proponer incrementos graduales, responsables y consensuados. Estos incrementos han estado por encima de la inflación, asegurando que el poder adquisitivo se vea fortalecido. En 2025, el incremento fue de 12%, acumulando un aumento de 110% en términos reales desde 2018.
La revalorización del salario mínimo ha tenido un impacto positivo en las vidas de las y los trabajadores, especialmente en aquellos con menores ingresos. El 10% de las personas aseguradas en el IMSS con menores ingresos han visto incrementos del 146% en la zona libre de la frontera norte, y del 73% en el resto del país, desde que se implementó la nueva política salarial. Entre 2018 y 2022, 4.1 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional gracias a esta política.
El salario mínimo vigente en 2025 es casi dos veces la línea de pobreza para zonas urbanas, lo que ha permitido a las familias comprar más productos esenciales, como 12 kilos de tortillas, 5.9 kilos de huevo y 5.3 kilos de frijol, comparado con los 6.5, 3.2 y 3.1 kilos en 2018, respectivamente. Sin embargo, el poder adquisitivo del salario sigue estando 36% por debajo de su máximo alcanzado en 1976, lo cual sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades esenciales de una familia. La meta de la administración actual es lograr que el salario mínimo sea 2.5 veces el costo de la canasta básica, asegurando así un poder adquisitivo adecuado para las familias.
A pesar de los avances, el mercado laboral mexicano sigue enfrentando desajustes por desigualdades estructurales. La tasa de participación laboral femenina ha alcanzado niveles históricos, pero aún existe una brecha de 30.1 puntos porcentuales respecto a los hombres, debido principalmente a las labores no remuneradas de trabajo doméstico y de cuidados. En cuanto a los jóvenes, la tasa de desocupación laboral en 2024 fue de 5.3%, casi tres veces mayor que la de las personas adultas, aunque los programas de capacitación laboral han ayudado a reducir en 3 puntos porcentuales el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan entre los 18 y 29 años.
Entre 2018 y 2024, la informalidad laboral disminuyó del 56.5% al 54.6%, pero aún existen 32.5 millones de personas trabajando en la informalidad, lo que implica condiciones de trabajo precarias y menor estabilidad en los ingresos laborales. Aunque los ingresos laborales promedio han aumentado, persiste una brecha significativa entre los trabajadores formales e informales, lo que demuestra la necesidad de continuar promoviendo la formalización del empleo y una mayor equidad salarial.
México también enfrenta desafíos relacionados con flexibilidad laboral y largas jornadas laborales. Según la OCDE, el 27% de las y los trabajadores mexicanos laboran más de 50 horas a la semana, lo que afecta la salud y el bienestar de las y los trabajadores, particularmente en aquellos con jornadas excesivas y bajos ingresos. A pesar de los avances en la mejora de condiciones laborales, aún existen retos para garantizar condiciones de trabajo digno para todas las personas trabajadoras.
Es fundamental seguir impulsando políticas laborales que garanticen el respeto a los derechos laborales y la dignificación de la remuneración, a través de salarios y pensiones justas, asegurando que el trabajo se convierta en un medio para el bienestar, con igualdad de oportunidades y condiciones para todas las personas, sin distinción de género, edad o condición social.
República rural justa y soberana
México cuenta con una producción agrícola de excelente calidad, sustentada en la diversidad de tierras, climas y zonas costeras, que constituye la base de nuestra soberanía alimentaria. En el país se producen aproximadamente 300 millones de toneladas de productos agropecuarios y pesqueros, empleando a más de 6.6 millones de personas.
La "República rural justa y soberana" busca consolidar la transformación del campo mexicano, impulsando la producción nacional para alcanzar mayores niveles de autosuficiencia alimentaria. Este objetivo se alcanzará mediante el empleo de tecnologías que aseguren la salud, nutrición y procuren la protección del medio ambiente, mientras garantizamos a las personas campesinas el acceso a sus derechos sociales y el respeto a sus derechos laborales.
En los últimos 20 años, el valor de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera ha duplicado su valor en términos reales, con un crecimiento promedio anual del 3.4%. Este sector representa el 3% del PIB del país, y se cimienta en el trabajo de pequeños y medianos productores: el 66.5% de la producción de maíz, frijol, arroz, trigo, caña y café proviene de estas empresas.
Sin embargo, diversos factores internos y externos limitan la capacidad de producción agropecuaria. Uno de los principales es el alto costo de insumos y servicios debido a la alteración de las cadenas de suministro globales por eventos geopolíticos. En 2021, los costos de los fertilizantes más utilizados, como el fosfato diamónico y la urea, aumentaron 263% y 92%, respectivamente. Además, el acceso al crédito sigue siendo muy limitado para los productores de pequeña y mediana escala. En 2022, solo el 6.1% de las unidades de producción agropecuaria recibió algún tipo de financiamiento.
Recientemente, los fenómenos climáticos han afectado gravemente la producción de alimentos, especialmente debido a la intensificación de sequías e inundaciones. En 2023, el 10% de la superficie cosechada de granos básicos registró algún tipo de siniestro, el porcentaje más alto en los últimos 10 años. Además, debido a la sequía, se dejaron de sembrar más de un millón de hectáreas de maíz, frijol, arroz, trigo y sorgo. Estos efectos se ven exacerbados por la baja cobertura de seguros, que cubren menos del 2% de las unidades de producción.
La volatilidad de los precios también afecta negativamente la producción de alimentos. Al no tener certeza de si el precio final de los productos cubrirá los costos de producción y generará un beneficio para reinversión, los productores toman decisiones bajo condiciones de desventaja. Además, la intermediación en la cadena de comercialización paga precios bajos a los productores.
La producción intensiva de alimentos, combinada con una falta de aplicación de la legislación vigente, ha generado una grave degradación de los recursos naturales. Aunque la producción de alimentos utiliza el 76% del agua fresca del país, el 57% de ésta se desperdicia. Este desequilibrio afecta la sostenibilidad de la actividad agropecuaria y sus resultados a largo plazo.
A pesar de que las localidades rurales siguen siendo predominantemente agrícolas, los hogares rurales han diversificado sus fuentes de ingreso, obteniendo menos del 20% de su ingreso de actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras. En 2023, las localidades rurales representaron el 20% del empleo total del país, con más de 12 millones de personas empleadas, lo que representa un aumento de 1.4 millones de empleos respecto a 2018. Sin embargo, sus condiciones laborales siguen siendo precarias, con un 77% de informalidad, aunque este porcentaje ha disminuido en tres puntos respecto a 2018.
Es fundamental fortalecer la soberanía alimentaria a través de políticas que fomenten la producción agrícola y pesquera de pequeña escala, especialmente en municipios con altos índices de pobreza. Además, se debe garantizar el bienestar de las personas que viven del campo, asegurando su acceso a salud, educación y vivienda. Esto debe ir acompañado del impulso a la autosuficiencia en productos clave como maíz no transgénico y frijol.
Las políticas públicas deben centrarse en el fomento de la pequeña y mediana producción agrícola, ganadera, pesquera y acuícola, reconociendo la multifuncionalidad de la población rural. Es fundamental fortalecer las cadenas de valor internas, trabajando de manera coordinada desde el campo hasta la mesa, y reconociendo el esfuerzo de cada persona en cada eslabón de la cadena agroalimentaria. De esta manera, se contribuirá a un México más justo, productivo y autónomo en términos alimentarios y económicos.
República próspera y conectada
El crecimiento económico de México antes del primer gobierno de la Cuarta Transformación estuvo marcado por la desigualdad tanto a nivel nacional como regional. Durante el periodo neoliberal, se apostó por un modelo económico que favorecía principalmente a grandes sectores y regiones, sin garantizar una distribución equitativa de los beneficios. Entre 2020 y 2021 el contexto global fue profundamente impactado por la pandemia de la COVID-19, sumado a varios conflictos geopolíticos, lo que resultó en un decrecimiento de 8.5% en el PIB en 2020. Sin embargo, en 2021, gracias a la reactivación económica global y el impulso de proyectos prioritarios como infraestructura y la red de protección social, el PIB creció un 6.3%. En 2022 y 2023 el crecimiento se estabilizó en 3.7% y 3.3% respectivamente, marcando una recuperación moderada y sostenida. El modelo propuesto por la Cuarta Transformación busca consolidar un desarrollo económico inclusivo y con bienestar, bajo los principios del Humanismo Mexicano, con un rol activo del Estado.
El modelo de crecimiento económico previo a la Cuarta Transformación generó desigualdades estructurales, particularmente en las regiones rurales y en sectores productivos que dependían de insumos externos. Las políticas de fomento a la industria fueron insuficientes para mejorar la productividad, competitividad e innovación, y la planeación nacional orientada al desarrollo regional fue relegada en favor de un modelo económico que beneficiaba solo a unos pocos.
México tiene una participación significativa en las cadenas globales de valor. En 2020, el valor agregado extranjero en las exportaciones mexicanas representaba 35%, mientras que el valor agregado mexicano en las exportaciones de otros países fue solo 9%. Este rezago en el contenido nacional de nuestras exportaciones resalta la necesidad de políticas que impulsen una industria manufacturera nacional más incluyente y con mayor valor agregado. En la actualidad el 49% de cada 100 pesos exportados en manufacturas por México provienen de insumos extranjeros, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra economía ante fluctuaciones globales.
La competitividad global de México ha disminuido, ocupando el 56° lugar de 67 países en el Índice de Competitividad Mundial 2024, y cayendo al 73° lugar en innovación. En 2024, solo el 11% de las patentes otorgadas en México fueron solicitadas por nacionales, lo que resalta la urgencia de fortalecer nuestra capacidad innovadora.
Para enfrentar este desafío, México debe adoptar políticas de fomento industrial, comercial y de competencia, que devuelvan al Estado su papel activo en la planeación económica, priorizando el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto debe ir de la mano con un impulso a la banca de desarrollo y la innovación tecnológica, para crear un sector productivo nacional robusto y competitivo.
En el ámbito de infraestructura logística, es esencial transitar hacia una visión de transporte multimodal que combine el uso de distintos medios de transporte para carga y pasajeros, con el objetivo de mejorar la competitividad, reducir costos y mejorar la eficiencia en los tiempos de traslado. En 2023 la red carretera de México sumó 407,783 km, pero el 34% de la red libre de peaje está en malas condiciones, lo que requiere esfuerzos continuos de mejoramiento y conservación para garantizar seguridad vial y eficiencia en el transporte.
La infraestructura ferroviaria, a pesar de sus ventajas logísticas, representa solo el 19% del volumen total de transporte terrestre, limitando su potencial de crecimiento. A pesar de ser más eficiente y ecológico, el sistema ferroviario mexicano sigue subutilizado para el transporte de pasajeros, lo que genera un vacío en el transporte público interurbano.
La infraestructura portuaria también enfrenta desafíos. La falta de competitividad debido a deficiencias en tecnología, conectividad logística y regulación impide que los puertos mexicanos se posicionen como actores clave en el comercio internacional, lo que afecta directamente nuestra economía y empleo.
Para lograr una competitividad global, México debe consolidar una autoridad marítima nacional que regule de manera eficiente y brinde seguridad a las operaciones marítimas y portuarias. Asimismo, se debe impulsar la modernización del sector, mejorando la infraestructura y optimizando la logística para fomentar un crecimiento económico equilibrado en todas las regiones del país, con énfasis en el desarrollo de un modelo económico sostenible y competitivo a nivel global.
EJE GENERAL 2 · DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO · EJE GENERAL 4 · DESARROLLO SUSTENTABLE