EJE TRANSVERSAL 1 · IGUALDAD SUSTANTIVA Y DERECHOS DE LAS MUJERES
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 · Diagnóstico
EJE TRANSVERSAL 1
IGUALDAD SUSTANTIVA Y DERECHOS DE LAS MUJERES
La "República de y para las mujeres" es un compromiso de Estado para erradicar las desigualdades estructurales que han limitado el acceso de las mujeres a sus derechos y oportunidades. La Cuarta Transformación ha sentado las bases de un modelo de desarrollo que coloca la igualdad sustantiva de género como un principio rector de la política pública, asegurando que todas las mujeres puedan vivir con dignidad, sin discriminación y libres de violencias.
Este eje busca garantizar que las mujeres sean el centro del desarrollo nacional: es tiempo de las mujeres, no solo como beneficiarias de derechos, sino como protagonistas del cambio social, económico y político. Para ello, se impulsan políticas y estrategias que aborden de manera integral las condiciones que perpetúan la desigualdad, con un enfoque interseccional que considere la diversidad de experiencias y realidades de las mujeres a lo largo de su vida, incluyendo a mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, rurales, de la diversidad sexual y en condiciones de pobreza.
Erradicar las violencias de género es una prioridad. Se han fortalecido los mecanismos de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres, ampliando la red de refugios, garantizando acceso a la justicia y promoviendo reformas legislativas que combatan la impunidad. La autonomía económica es clave para la igualdad. Se han implementado acciones para reducir la brecha salarial, mejorar las condiciones laborales de las mujeres y aumentar su participación en sectores estratégicos como la ciencia, la tecnología, la industria y el campo. Además, se han impulsado reformas para garantizar que las mujeres tengan acceso a financiamiento, propiedad de la tierra y esquemas de emprendimiento.
El reconocimiento y redistribución del trabajo doméstico y de cuidados es fundamental para transformar las condiciones estructurales que limitan la participación de las mujeres en la economía. Para ello, se han diseñado políticas que fomentan la corresponsabilidad social y promueven servicios de cuidado accesibles, como la ampliación de estancias infantiles, centros de cuidados para personas mayores y la profesionalización de quienes desempeñan estas tareas.
En el ámbito de la participación política, México ha logrado avances históricos con la paridad en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, es necesario consolidar estos logros y garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos sin obstáculos ni violencia. Por ello, se han reforzado las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género, asegurando que las mujeres tengan un rol activo en la toma de decisiones.
La transformación del país requiere una perspectiva de género en las políticas públicas. Para ello, el gobierno ha promovido un enfoque transversal de género en todas sus dependencias y entidades, asegurando que los presupuestos, programas y acciones atiendan las necesidades específicas de las mujeres y contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad.
Construir una República de y para las mujeres significa garantizar que ninguna mujer quede atrás. El Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, acceder a oportunidades en igualdad de condiciones y desarrollarse en un entorno de paz, seguridad y bienestar. Esta es una transformación que no solo beneficia a las mujeres, sino que fortalece a toda la sociedad y sienta las bases de un México más justo, equitativo y próspero.
Diagnóstico
Feminización de la pobreza, desigualdad laboral y salarial
Una de las principales barreras que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en México es la pobreza, que afecta a 25 millones de mexicanas. Esta condición es aún más pronunciada en las zonas rurales, donde el 49.7% de las mujeres vive en pobreza, y se agrava cuando se interseca con otras condiciones de vulnerabilidad, como el origen indígena y la residencia rural, alcanzando el 70.1%. La pobreza no solo reduce la autonomía económica de las mujeres, sino que restringe su acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la salud, entre otros, limitando su capacidad de toma de decisiones y participación en la vida política, social y comunitaria.
Las brechas de acceso a servicios básicos reflejan las desigualdades estructurales de género. El 40.8% de las mujeres no tiene acceso a servicios de salud, el 49.1% carece de seguridad social y el 21.0% presenta rezago educativo. La falta de acceso a una alimentación suficiente y de calidad también impacta de manera diferenciada a las mujeres, con el 30.3% de las mujeres indígenas en esta condición. Además, las cargas de trabajo no remunerado siguen recayendo de manera desproporcionada en ellas: en los hogares donde es necesario acarrear y almacenar agua, el 64.0% de esta labor es realizada por mujeres.
Si bien en 2023 la economía mexicana se ubicó como la décimo primera más grande del mundo, la participación laboral de las mujeres sigue siendo baja. Aunque entre 2018 y 2024 la tasa de participación económica femenina aumentó de 42.7% a 45.9%, la brecha de género persiste, con una diferencia de 30 puntos porcentuales en comparación con los hombres, cuya tasa de participación alcanza el 77%. Esta desigualdad es aún más marcada en el caso de las mujeres adultas mayores, de las cuales solo el 20.2% participa en la economía, frente al 46.5% de los hombres en la misma condición. Además, las mujeres enfrentan mayores tasas de informalidad laboral (55.6%) que los hombres (53.6%), lo que las deja en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social.
A pesar de los avances en la reducción de la brecha salarial de género en un 30% gracias a las políticas de incremento al salario mínimo implementadas desde 2018, las mujeres en México siguen ganando en promedio 25.4% menos que los hombres por trabajo de igual valor. Esta diferencia salarial es una de las principales barreras para lograr la igualdad sustantiva. Además, las mujeres trabajan en promedio 7.4 horas menos a la semana en empleos remunerados que los hombres debido a su doble carga laboral, y su representación en puestos directivos sigue siendo marginal.
La discriminación en el acceso al empleo y la persistente división sexual del trabajo continúan excluyendo a millones de mujeres del mercado laboral. Seis millones de mujeres mexicanas mayores de 15 años están disponibles para incorporarse a una actividad productiva, pero la mayoría no lo hace debido a estereotipos de género que siguen asignando el trabajo de cuidados y las labores domésticas exclusivamente a ellas. Para garantizar la autonomía económica de las mujeres es fundamental continuar con políticas de empleo y protección social que favorezcan la inclusión laboral femenina, promuevan la equidad salarial y reduzcan las desigualdades en el acceso a oportunidades productivas.
Asegurar que las mujeres tengan acceso a un empleo digno, seguridad social y autonomía económica es una condición indispensable para erradicar la pobreza y transformar la estructura de desigualdad que históricamente ha limitado su desarrollo. La construcción de una República de y para las mujeres requiere romper con estos patrones estructurales, garantizando igualdad de condiciones en el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la toma de decisiones, asegurando que el crecimiento económico beneficie de manera equitativa a toda la sociedad.
Alta participación de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
Uno de los mayores obstáculos para la igualdad sustantiva es la falta de condiciones para construir una sociedad de cuidados que reconozca, redistribuya y reduzca el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, promoviendo la corresponsabilidad entre familias, el Estado, la comunidad y el sector privado.
Actualmente, la distribución de las responsabilidades de cuidado es sumamente desigual, ya que recaen desproporcionadamente en las mujeres y se realizan de manera no remunerada. Además, los servicios de cuidado están concentrados en zonas urbanas, dejando a las comunidades rurales en desventaja y ampliando la brecha entre las familias con mayores y menores recursos.
El impacto de esta desigualdad es profundo y medible. En 2023 el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado alcanzó los 8.4 billones de pesos, lo que equivale al 26.4% del PIB nacional, demostrando su peso en la economía del país. Sin embargo, este trabajo sigue sin recibir un reconocimiento formal ni una compensación justa. Las mujeres mexicanas dedican en promedio 39.7 horas semanales a estas actividades, mientras que los hombres dedican menos de la mitad, apenas 15.2 horas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022, nueve de cada diez personas cuidadoras principales son mujeres, ya sean madres, hermanas, esposas o hijas, lo que suma un total de 19.5 millones de mujeres encargadas de esta labor. La sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados ha contribuido significativamente a la pobreza de tiempo de las mujeres, impidiendo su acceso a oportunidades educativas, laborales y recreativas. Entre 2014 y 2019 la reducción del tiempo dedicado al trabajo no remunerado fue mínima: solo un punto porcentual menos para las mujeres, mientras que los hombres lo disminuyeron en tres puntos porcentuales, reflejando que la carga sigue sin redistribuirse equitativamente.
La falta de acceso a servicios de cuidado es otro factor clave. Ocho de cada diez mujeres que trabajan no cuentan con servicios de guardería para sus hijas e hijos, siendo esta carencia aún más grave en sectores como la agricultura, el comercio y los servicios personales. Esto limita su capacidad para integrarse plenamente al mercado laboral y perpetúa la precarización del empleo femenino.
Bajos niveles de participación política
Las mujeres también enfrentan obstáculos estructurales para ejercer su derecho a la participación política y comunitaria en condiciones de igualdad. Si bien la reforma de Paridad en Todo ha sido un avance clave para garantizar su representación en el poder público, la realidad muestra que aún existen brechas significativas en los espacios de toma de decisiones.
La participación de las mujeres en los gobiernos locales sigue siendo baja: en 2024, solo el 29.5% de los municipios y alcaldías estaban encabezados por una mujer. En el Poder Judicial de la Federación, la brecha es también evidente, ya que solo el 31.3% de las magistraturas de circuito y el 43.2% de los juzgados de distrito están ocupados por mujeres. En la APF solo el 36.5% de los puestos directivos son ejercidos por mujeres, lo que muestra que el acceso a espacios de poder y decisión aún enfrenta barreras estructurales.
Para lograr una democracia verdaderamente paritaria y una sociedad equitativa, es fundamental fortalecer políticas de conciliación entre la vida laboral y personal, garantizar la redistribución del trabajo de cuidados y eliminar las barreras que impiden que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a los espacios de liderazgo. La construcción de una República de y para las mujeres requiere garantizar su autonomía económica, política y social, asegurando que ninguna mexicana vea limitadas sus oportunidades por su condición de género.
Altos niveles de violencia contra las mujeres
La discriminación y las desigualdades estructurales de género han impedido que las mujeres ejerzan su derecho a una vida libre de violencias. Las mujeres mexicanas enfrentan violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial en todos los ámbitos de la vida cotidiana: en el hogar, las relaciones sentimentales, la escuela, el trabajo, la comunidad y el entorno digital. A pesar de los avances logrados en los últimos años, las cifras siguen siendo alarmantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, siete de cada diez mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia o discriminación a lo largo de su vida. Las violencias sexual y psicológica han afectado a cinco de cada diez mujeres, mientras que la violencia física y la violencia económica, patrimonial o laboral la han sufrido cuatro y tres de cada diez, respectivamente. La gravedad de esta situación se refleja en los feminicidios y las muertes violentas de mujeres. En 2021 se registraron 1,019 feminicidios, cifra que se redujo a 762 en noviembre de 2024. De igual manera, las muertes violentas de mujeres disminuyeron de 3,769 a 3,171 en el mismo periodo. Sin embargo, aún mueren 2.2 mujeres al día por violencia feminicida y se registran nueve muertes violentas de mujeres diariamente, lo que exige fortalecer las estrategias de prevención, protección y acceso a la justicia.
Uno de los mayores desafíos para erradicar las violencias de género es no perpetuar su normalización. En muchos casos, las violencias contra las mujeres siguen silenciadas, minimizadas o justificadas por normas sociales y culturales que perpetúan la impunidad. Según datos de la ENDIREH 2021, nueve de cada diez mujeres que experimentaron violencia física o sexual por parte de su pareja no presentaron una denuncia ni solicitaron apoyo. Las principales razones fueron la percepción de que el hecho no era importante o el miedo a las consecuencias. Este nivel de subregistro y falta de denuncia refleja la desconfianza en las instituciones, la revictimización en los procesos judiciales y la falta de mecanismos efectivos de protección. La ausencia de denuncias impide la persecución del delito y refuerza un círculo de impunidad donde las mujeres siguen desprotegidas.
Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, es necesario un cambio profundo y estructural que incluya la implementación de reformas normativas que sancionen con rigor todas las formas de violencia de género y protejan a las víctimas, el acceso a la justicia sin revictimización a través de instituciones especializadas y mecanismos eficaces de prevención y atención, y el fortalecimiento de refugios, fiscalías especializadas y órdenes de protección inmediatas para garantizar la seguridad de las mujeres en riesgo. Además, es indispensable atender las causas estructurales de las violencias mediante el acceso equitativo a oportunidades económicas, educativas y de salud. La transformación cultural también juega un papel clave, con la educación como herramienta fundamental para eliminar estereotipos de género y modificar las normas que perpetúan la violencia.
La erradicación de las violencias contra las mujeres no puede quedar relegada a discursos o acciones aisladas; es un imperativo de justicia social que debe traducirse en políticas públicas efectivas, cambios institucionales y una profunda transformación cultural. La construcción de una República de y para las mujeres solo será posible cuando las violencias de género dejen de ser una realidad cotidiana y se garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las mujeres, sin miedo, sin barreras y sin impunidad.
Baja tenencia de la propiedad y poco acceso a productos y servicios financieros
La falta de acceso a la propiedad y la exclusión de las mujeres en la titularidad de la tierra y los bienes patrimoniales representan barreras estructurales que limitan su autonomía económica y su acceso a oportunidades de desarrollo. En las zonas rurales, la mayoría de las mujeres mexicanas no cuentan con propiedades a su nombre. Según el Registro Agrario Nacional, de las más de cinco millones de personas con calidad ejidataria, posesionaria, comunera o avecindada que poseen un certificado parcelario o de uso común vigente, solo el 27.7% son mujeres. A noviembre de 2024, en los 15,393 núcleos agrarios con órganos de representación, el 76.2% de sus integrantes son hombres y solo el 23.8% mujeres. Este panorama refleja una exclusión histórica en la toma de decisiones sobre la tierra, la producción y los recursos naturales. Para revertir esta desigualdad, es necesario impulsar el reconocimiento de las mujeres como garantes de derechos agrarios, promoviendo su acceso a la titularidad de la tierra, fortaleciendo sus capacidades para su uso y aprovechamiento, y asegurando su acceso a los beneficios sociales y económicos derivados de la propiedad rural.
El acceso desigual a la propiedad se extiende también a los servicios financieros y al patrimonio urbano. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 muestra que solo el 42.6% de las mujeres entre 18 y 70 años son titulares de una cuenta de ahorro formal, 13.8 puntos porcentuales menos que los hombres, lo que representa un retroceso en comparación con 2015. A pesar de que las mujeres tienen mejores historiales de pago y tasas de morosidad más bajas, solo el 31.7% tiene acceso a crédito formal, ya que con frecuencia carecen de activos o propiedades que puedan ofrecer como garantía. Esta situación restringe su capacidad para emprender negocios, invertir en su educación o en su bienestar familiar. La brecha en la propiedad de vivienda también es significativa: según datos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en 2021 solo el 34.9% de las 24 millones de viviendas particulares en el país estaban a nombre de mujeres, reflejando la falta de mecanismos que garanticen su acceso a un patrimonio propio.
Las consecuencias de esta desigualdad patrimonial afectan directamente la estabilidad económica y el bienestar de las mujeres. La Encuesta Nacional de Salud Financiera 2023 señala que el 42.2% de las mujeres mayores de 18 años experimentan estrés financiero, definido como un estado de preocupación y ansiedad ante dificultades económicas. Esta condición se agrava por la falta de acceso a recursos financieros, ingresos propios y redes de apoyo que les permitan afrontar imprevistos o planificar su futuro con seguridad.
Garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres es una responsabilidad del Estado. Esto implica la creación de políticas públicas que faciliten su acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda, así como la ampliación de esquemas de financiamiento y crédito que eliminen las barreras que han restringido su inclusión económica. También es fundamental avanzar en la protección de sus derechos patrimoniales y en la promoción de mecanismos que les permitan heredar, administrar y disponer libremente de sus bienes. Mejorar las condiciones de vida de las mujeres y su acceso a recursos económicos y productivos no solo es una cuestión de justicia social, sino una estrategia clave para construir una sociedad más equitativa, con mayores oportunidades de desarrollo para todas y todos.
EJE GENERAL 4 · DESARROLLO SUSTENTABLE · EJE TRANSVERSAL 2 · INNOVACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO NACIONAL