EJE GENERAL 2 · DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 · Diagnóstico
EJE GENERAL 2
DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
El Estado tiene la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sociales, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Toda la población debe poder satisfacer sus necesidades básicas y tener garantizado el acceso a educación, salud, vivienda adecuada y al sistema financiero.
Los Programas del Bienestar se han convertido en derechos constitucionales universales que benefician a millones de mexicanos, demostrando que México cuenta con un modelo de desarrollo propio e incluyente, decidido por su pueblo.
El desarrollo con bienestar y humanismo implica fortalecer y ampliar la red de protección social, con especial atención a quienes enfrentan condiciones de desigualdad, pobreza o marginación, o a aquellos que por diversas razones se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Los Programas para el Bienestar se mantendrán. Además, iniciarán nuevos programas sociales: un apoyo bimestral para todas las mujeres de 60 a 64 años; a partir de esta administración todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria públicas recibirán una beca; iniciará un programa para adultos mayores de atención a la salud en su casa.
La educación es un derecho, no un privilegio. Hay 11.3 millones de becas para estudiantes de todos los niveles, la mayor inversión en becas para educación en la historia del país. La educación humanista y científica es un pilar fundamental del proyecto nacional y condición para el progreso del país. En el apoyo a todos los niveles educativos, destaca la inversión en la primera infancia, pues los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo integral de las personas. Invertir en la primera infancia asegura una base sólida para la educación futura, la inclusión social y el bienestar económico. Las escuelas serán espacios para el cuidado de la salud.
En este contexto, se promueven acciones para fortalecer el sistema educativo en su conjunto, especialmente en la educación media superior y la expansión de la oferta educativa de nivel superior. De forma simultánea, se ha dignificado la labor de las maestras y los maestros, respetando sus derechos laborales y mejorando sus ingresos a través del diálogo permanente.
La Nueva Escuela Mexicana implementa un nuevo modelo educativo para una formación integral de los estudiantes, que atiende su salud física y mental, vinculando el deporte con la formación artística y cultural, bajo un enfoque comunitario. Las primarias extenderán horarios para incluir deportes y artes. Con La Escuela es Nuestra, se han mejorado 173 mil planteles educativos y se beneficiará a todas las escuelas del país.
La salud es un derecho humano. Se construye un sistema de salud que busca garantizar el acceso universal a la atención médica, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos. Se modernizarán hospitales y centros de salud. Se consolidará el IMSS-Bienestar para atender a quienes no tienen seguridad social. Las infancias serán protegidas mediante un programa de cuidados para los primeros mil días. Se impulsará un programa de escuelas, centros de trabajo y espacios públicos para reducir la obesidad, hipertensión y diabetes, las principales enfermedades que afectan a los mexicanos.
El derecho a una vivienda digna es una de las aspiraciones más apreciadas de las familias. Con un ambicioso programa nacional para construir un millón de viviendas se busca garantizar una casa adecuada, accesible y con todos los servicios públicos.
Se fortalecerá el Banco del Bienestar y la Financiera para el Bienestar. Se impulsarán créditos a la palabra para mujeres indígenas artesanas.
Las artes y las culturas mexicanas, así como sus creadores, nos fortalecen como Nación, nos ayudan a construir una vida más sensible y solidaria, más respetuosa y creativa. El impulso de una República lectora es una estrategia para llevar el arte y la cultura a todos los ámbitos. Se apoyarán a los creadores y artistas mexicanos y se fomentará la recuperación de la memoria histórica.
La promoción y protección de las lenguas y cultura de los pueblos originarios es una obligación del Estado mexicano y un primer paso hacia la reparación histórica de la discriminación que han vivido por siglos. Además, se promoverá una cultura de cuidado a la naturaleza y prohibir el maltrato animal y la destrucción del medio ambiente.
México se propone ser potencia tecnológica y de innovación y contará con un programa tecnológico para el desarrollo nacional.
El Estado Mexicano debe crear las condiciones necesarias para que cada persona pueda construir su felicidad, garantizando acceso a los recursos y oportunidades que promuevan una vida digna y bienestar integral.
Diagnóstico
República fraterna
El modelo de desarrollo económico neoliberal en México dejó una huella profunda en la estructura social del país, fomentando un crecimiento económico desigual que amplió las brechas sociales, políticas y económicas. Las políticas orientadas a reducir la presencia del Estado en la vida pública y económica impusieron recortes en el gasto público destinado a programas sociales, servicios básicos e infraestructura social y productiva, afectando principalmente a los grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo que amplió la brecha de infraestructura pública. Este modelo también dio lugar a la creación de programas sociales focalizados que, lejos de maximizar el uso de los recursos y facilitar la movilidad de las personas, excluyeron a amplios sectores de la población, fragmentando la estructura de bienestar e impidiendo el acceso a mejores oportunidades.
Este modelo de protección social resultó insuficiente para reducir la pobreza. Su enfoque asistencialista, temporal, geográfico y condicionado limitó cualquier impacto positivo a largo plazo. Por ejemplo, las personas adultas mayores enfrentaron una cobertura limitada en el sistema de pensiones y seguridad social, mientras que las personas con discapacidad enfrentaron barreras significativas para su inclusión laboral y el acceso a servicios básicos. Las niñas y niños sufrieron altas tasas de pobreza y deserción escolar debido a la escasa inversión social, que no garantizó el acceso a sus derechos básicos. Asimismo, algunos programas públicos atendieron de manera insuficiente la falta de oportunidades para la juventud.
En contraste, el Humanismo Mexicano impulsado en el sexenio pasado ha buscado profundizar la igualdad como el camino hacia la justicia social. Por ello, el gobierno ha centrado esfuerzos en atender las necesidades básicas de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. Garantizar los derechos humanos no es tema de debate. La política de bienestar debe ajustarse a los principios de universalidad, progresividad, igualdad, interdependencia e inclusión.
La red de protección social implementada durante la Cuarta Transformación ha profundizado la igualdad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2018 y 2022 se observó una reducción sostenida de la pobreza, especialmente en los grupos más vulnerables. En 2022, la pobreza multidimensional disminuyó de 51.8 millones a 46.8 millones de personas, una disminución histórica. En 2023, el mismo Consejo reportó que la reducción de la pobreza y pobreza extrema en personas adultas mayores de 65 años entre 2018 y 2022, fue posible gracias al impacto positivo del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2023 alcanzó al 98.3% de esta población, garantizando una pensión superior o igual al promedio de la línea de pobreza por ingresos.
Para consolidar esta tendencia, es necesario fortalecer una política de bienestar que amplíe la red de protección social y garantice que los recursos lleguen directamente a los grupos prioritarios, sin intermediarios. Esto permitirá que las familias satisfagan sus necesidades básicas de acuerdo con sus prioridades, con especial atención a los grupos vulnerables. La evidencia demuestra que la transición hacia programas universales y la adopción de transferencias no condicionadas no solo atienden la reducción de la pobreza de manera inmediata, sino que también sientan las bases para un desarrollo más inclusivo, equitativo y sostenible.
República educadora, humanista y científica
La educación es un elemento indispensable para lograr que la población alcance mayores niveles de bienestar y prosperidad compartida. Es un derecho, no un privilegio. La "República educadora", humanista y científica busca que la educación habilite otros derechos fundamentales, haciendo de su defensa un asunto de justicia social. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), solo el 28% de las niñas y niños que iniciaron sus estudios en 2007 completaron una licenciatura. Por ello, es esencial que las oportunidades educativas sean una realidad para todas y todos los mexicanos.
La Cuarta Transformación ha iniciado un proceso para rescatar el Sistema Educativo Nacional, eliminando una visión que perpetuaba desigualdades mediante la formación de estudiantes poco críticos, con bajos niveles de conciencia social y una lógica de competencia en lugar de cooperación. El abandono del sistema educativo era tal que se requirieron esfuerzos de gran magnitud para corregirlo: desde la construcción de escuelas, la contratación de docentes, hasta la provisión de materiales educativos, y garantizar la permanencia y éxito en los estudios.
El fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional es clave para garantizar la justicia social e impulsar el desarrollo del país. A pesar de los avances significativos en los últimos años, persisten desafíos en cuanto a equidad, eficiencia y cobertura, que requieren políticas educativas integrales.
La Nueva Escuela Mexicana plantea un cambio profundo en el modelo educativo, basado en el desarrollo integral de los estudiantes, con una visión incluyente, equitativa, comunitaria, humanista y científica. En este contexto, el programa La Escuela es Nuestra promueve la democracia participativa y empodera a las comunidades educativas para mejorar la infraestructura escolar. Entre los ciclos escolares 2020-2021 y 2023-2024, la conexión a internet en las escuelas aumentó en 11.8 puntos porcentuales, y el número de escuelas con lavabos creció en 9.9 puntos porcentuales. Estas acciones se realizaron en el marco de la intervención de 173,670 escuelas entre 2019 y 2024, beneficiando a más de 21 millones de estudiantes.
El reconocimiento y capacitación docente son fundamentales para la transformación educativa del país. Es necesario fortalecer un sistema de admisión, reconocimiento y promoción transparente que garantice los derechos laborales de los docentes y considere la diversidad de los contextos en los que se lleva a cabo su labor.
La desigualdad social y económica es la principal barrera que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes para ejercer su derecho a la educación. Estas desigualdades afectan su aprendizaje y generan disparidades en las trayectorias educativas. En 2019, los programas de becas beneficiaron a 7.2 millones de personas; para 2024, esa cifra ascendió a 11.3 millones, un incremento del 61.1%. La expansión de los programas de becas es clave para consolidar una política equitativa que asegure el acceso universal a la educación y cierre las brechas educativas.
La práctica del deporte y la actividad física es otro aspecto clave para el desarrollo integral de la infancia y la juventud. Actualmente, un alto porcentaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sufren de sobrepeso y obesidad, lo que impacta tanto en su salud física como mental. Aproximadamente el 37% de niñas y niños de 5 a 11 años y el 40% de adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años padecen estas condiciones. Por ello, es necesario fomentar la actividad física y el deporte tanto en las escuelas como en las comunidades, desarrollando programas de participación colectiva que mejoren la salud pública y promuevan el bienestar de la población.
La educación debe estar estrechamente vinculada con la ciencia, el humanismo y la cultura para erradicar la desigualdad y transformar a México en un país más justo, equitativo y sostenible. Es prioritario impulsar políticas que mejoren el tránsito entre niveles educativos, la permanencia en la educación media superior, el aumento de espacios en la educación superior y la transición de los jóvenes al mercado laboral. La educación media superior debe proporcionar las herramientas necesarias para que los jóvenes se integren a una actividad productiva, sin interrumpir su trayectoria académica. Además, se enfrenta el reto de preparar a los estudiantes para adaptarse a los cambios tecnológicos en el sector productivo. A pesar de que la tasa de abandono en este nivel educativo disminuyó a 11.2% en la administración pasada, aún persiste como un desafío, especialmente por la coexistencia de múltiples subsistemas educativos con diferentes modelos.
La educación también debe brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para su desarrollo personal y profesional. Es esencial ofrecer opciones educativas alineadas con las políticas industriales, productivas y de ciencia y tecnología, con el fin de posicionar a México como una nación innovadora y soberana tecnológicamente. La educación dual y la oferta de carreras en nivel técnico superior son fundamentales para incrementar las oportunidades laborales de los jóvenes, especialmente en áreas como Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas. Actualmente, solo el 20.5% de los egresados de educación superior provienen de estas áreas.
La educación técnica y tecnológica debe ser revalorizada como una opción viable para integrar a los jóvenes a la actividad productiva desde el nivel medio superior y superior. El fortalecimiento de esta educación debe ir de la mano con proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo social, la soberanía tecnológica y la seguridad alimentaria.
México también ha tenido que reorientar su visión científica hacia un paradigma de bienestar, orientando los esfuerzos científicos hacia el bienestar colectivo. Este cambio ha sido fundamental para facilitar el acceso de la población a la educación superior y para consolidar una comunidad científica que impulse un modelo de desarrollo colaborativo y de impacto nacional.
El desarrollo científico y tecnológico es crucial para enfrentar los desafíos nacionales, como se observa en las bajas tasas de investigación científica y de patentes en el país. En 2022, México registró 18,773 publicaciones científicas, mucho menos que el promedio de los países miembros de la OCDE, que es de 57,094. Además, el coeficiente de inventiva es bajo comparado con países como Estados Unidos de América y Canadá, que registran 75.7 y 11.6 patentes por cada 100,000 habitantes, respectivamente.
Es urgente revertir esta tendencia para desarrollar industrias clave en áreas como energía, desarrollo sustentable, electromovilidad, y vigilancia marítima, entre otras, que impulsen el desarrollo económico y la seguridad nacional, mediante un ecosistema de innovación tecnológica y científica.
República de y para niñas, niños y adolescentes
En México hay 12.4 millones de niñas y niños menores de seis años; de ellos, se estima que 1.2 millones de entre dos y cuatro años están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial. La atención integral en los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo cognitivo de las niñas y niños, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial en la vida adulta.
La obligatoriedad de la educación inicial, decretada en la administración anterior, posicionó a México como pionero en garantizar el derecho de todos los niños a este nivel educativo. Los estudios muestran que la educación temprana tiene impactos positivos a largo plazo, mejorando los logros académicos, las condiciones laborales, y contribuyendo a reducir la pobreza, así como conductas antisociales, mejorando la salud mental.
Es necesario eliminar las barreras que limitan el potencial de las niñas, niños y adolescentes, como son la falta de acceso a una alimentación nutritiva, servicios de salud y vacunación, identidad y una vida libre de violencias, entre otras. La actual administración está comprometida a garantizar, con un enfoque de ciclo de vida, igualdad sustantiva y equidad de género, la adopción de rutas integrales de atención que aseguren el acceso a apoyos y servicios esenciales que permitan que las niñas, niños y adolescentes tengan un desarrollo integral libre de violencias.
República cultural y lectora
Una República cultural y lectora busca que la rica herencia cultural y artística de México se convierta en un motor de transformación para el país. El objetivo es contribuir al bienestar y al humanismo, mediante el apoyo a las personas e instituciones que fomentan el desarrollo de las artes y la cultura. Se promoverá el acceso equitativo a estos recursos para todos los estratos de la sociedad mexicana, reconociendo y celebrando la diversidad de las expresiones artísticas y culturales provenientes de nuestras comunidades.
Esta tarea debe realizarse dentro de un contexto nacional que elimine el acceso desigual a los bienes y servicios culturales, además de corregir el aprovechamiento ineficiente de la infraestructura cultural existente en el país. Para ello, es crucial desarrollar una estrategia integral que promueva el ejercicio de los derechos culturales de la población, tomando en cuenta los diversos contextos regionales, reorganizando la oferta cultural, promoviendo el intercambio entre regiones y asegurando la conservación y preservación de la vasta riqueza patrimonial del país para las generaciones futuras.
Esta visión integral se complementa con un fuerte impulso hacia la formación y profesionalización artística y cultural. Es esencial reforzar el vínculo entre educación y cultura, comenzando desde la edad temprana, para permitir que todas las niñas, niños y jóvenes tengan acceso a procesos de iniciación y apreciación artística, con un enfoque de planeación y participación comunitaria. La educación artística es clave en la formación integral de las y los estudiantes, ya que contribuye al desarrollo cognitivo, humano y socioemocional, promoviendo el pensamiento crítico y creativo, el desarrollo de habilidades y destrezas. Además, la apreciación artística y la revalorización de las costumbres y tradiciones de los pueblos son esenciales para recuperar el sentido de pertenencia a la comunidad.
Promover la lectura entre la ciudadanía es fundamental para consolidar la democracia. Actualmente, México carece de espacios e instrumentos que fomenten la lectura colectiva, por lo que es necesario implementar acciones para mejorar la infraestructura dedicada a la lectura, actualizar los planes y programas de estudio, fortalecer el enfoque comunitario y garantizar el derecho a la educación artística pública, gratuita y de calidad.
Es urgente asegurar el derecho a la cultura, a través de esquemas de participación e inclusión, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, siempre con pleno respeto a la libertad creativa. Además, es necesario fortalecer el vínculo entre educación y cultura desde la infancia, promoviendo una formación integral que impulse la creatividad y el sentido de comunidad.
República sana
Para alcanzar el bienestar y desarrollo de la población, es fundamental consolidar la transformación del sistema de salud bajo el principio de acceso universal, asegurando que todas y todos los mexicanos puedan acceder a servicios de salud de calidad, sin distinción alguna. Esto contribuirá a mejorar los indicadores de salud nacionales y a reducir los gastos que afectan de manera desproporcionada a las personas sin seguridad social. En 2016, el CONEVAL calculó que el 15.6% de la población, es decir, 18.8 millones de personas, carecían de acceso a la salud. El modelo anterior, el Seguro Popular, no logró mejorar el acceso ni ampliar la cobertura, y careció de un enfoque preventivo de enfermedades. Esto se debió a la falta de expansión en los recursos materiales, humanos e infraestructura para garantizar la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios de salud.
La fragmentación del sistema sanitario y la desarticulación entre salud colectiva y atención médica generaron disparidades en costos, servicios y calidad. Para garantizar la atención médica y el bienestar de las comunidades, con gratuidad y calidad, la administración anterior implementó reformas que dieron origen al Sistema de Salud para el Bienestar, con un enfoque especial en la población sin seguridad social.
Con el fin de fortalecer la prestación de servicios a esta población y cerrar las brechas de acceso se creó el organismo público descentralizado denominado IMSS-Bienestar, cuyo eje fundamental es la atención oportuna, eficaz y eficiente. Este nuevo modelo de gestión busca mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del sistema sanitario, garantizando que los servicios impacten positivamente a la población.
En México, las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas son las principales causas de mortalidad. Además, las altas tasas de mortalidad materna e infantil reflejan desigualdades profundas en el acceso a servicios esenciales de salud. La fragmentación del sistema de salud ha contribuido significativamente a este panorama, limitando la eficacia de las políticas públicas y generando disparidades en la cobertura y calidad de los servicios.
El Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, a través del Servicio Nacional de Salud Pública, es clave para abordar estas deficiencias de manera integral. Este modelo busca asegurar un enfoque centrado en la persona, adaptado a las necesidades locales, integrando acciones preventivas y de promoción de la salud con un enfoque territorial. Además, involucra sectores clave como educación, desarrollo social y medio ambiente, lo que permite abordar los determinantes sociales de las enfermedades.
El abasto de insumos para la salud sigue siendo un tema constante, con desafíos que afectan el acceso de la población a tratamientos esenciales. Uno de los problemas recurrentes es el déficit de medicamentos en las instituciones públicas, debido a ineficiencias en los procesos de compra y distribución, la concentración del mercado farmacéutico y la falta de disponibilidad de tratamientos en el mercado nacional e internacional.
También persisten desigualdades regionales en el acceso a medicamentos, ya que las zonas rurales y marginadas enfrentan mayores dificultades para obtener los tratamientos necesarios. Los altos precios de los medicamentos de patente limitan el acceso a amplios sectores de la población, lo que es consecuencia de deficiencias en la regulación del sector farmacéutico, que ha favorecido prácticas monopolísticas y dificultado la competencia.
Varios factores han influido negativamente en el abasto eficiente de insumos, como las reformas previas al sector salud, la pandemia de la COVID-19 y la corrupción en el sector farmacéutico. Sin embargo, los esfuerzos realizados durante la administración anterior permitieron reducir la corrupción y los monopolios. La mejora en la planeación y estandarización de los procesos de compra, así como los cambios en la ley, ampliaron el mercado y la oferta internacional, lo que resultó en ahorros significativos.
Es necesario continuar fortaleciendo el sistema de compra, abasto y distribución de insumos para la salud a través de la implementación de mejoras tecnológicas, mecanismos de cálculo de la demanda y la homogenización de medicamentos e insumos. También es clave realizar compras con las mejores condiciones de precio y calidad, y fortalecer las capacidades logísticas y de distribución del Estado.
Finalmente, se requiere garantizar el derecho a la salud para toda la población mexicana, consolidando y modernizando el sistema de salud con un enfoque de acceso universal, que asegure la equidad en la distribución de los recursos y la calidad de los servicios de salud.
República con acceso a vivienda
Un gran número de familias mexicanas vive en asentamientos irregulares donde carecen de servicios básicos y enfrentan altos costos de vida derivados de la falta de infraestructura adecuada, como tiempos y costos de traslado para acceder a servicios de trabajo, educación, salud, esparcimiento, entre otros.
La República con acceso a vivienda tiene como objetivo establecer un modelo de ordenamiento territorial en el que la vivienda adecuada sea el centro de la planificación del territorio. Esto implica promover la producción de vivienda económica, desacelerar el encarecimiento del suelo, agilizar los procesos burocráticos asociados a la construcción, reducir la especulación inmobiliaria, garantizar la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios públicos y mejorar los sistemas de información sobre el mercado de vivienda y el cumplimiento normativo en operaciones inmobiliarias.
En México existen 17,770 asentamientos irregulares, de los cuales el 99% se encuentran en zonas de riesgo. Estos asentamientos carecen de servicios básicos como agua potable, saneamiento y electrificación, lo que limita las oportunidades de desarrollo y perpetúa las desigualdades sociales y territoriales, afectando especialmente a los grupos históricamente marginados.
A estos desafíos se suman la falta de infraestructura de calidad y la ausencia de políticas integradas de movilidad y transporte, que agravan las disparidades regionales, el desarrollo territorial desequilibrado, y la pérdida de eficiencia en el uso del suelo y los recursos públicos. La especulación inmobiliaria contribuye al deterioro ambiental, la fragmentación urbana y el encarecimiento del suelo y la vivienda.
De acuerdo con el INEGI, en 2020, el 21.1% de los hogares del país enfrentaban necesidades insatisfechas de vivienda, lo que significa que millones de hogares requieren alquilar, comprar o autoproducir una vivienda. Además, el 58% de las viviendas mexicanas requieren construcción, ampliación o mejora, y el 24.6% de las viviendas tiene 31 años o más de antigüedad, lo que hace urgente la renovación o sustitución de muchas de ellas.
En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, se informó que el 24.3% de las viviendas en México presenta rezago habitacional y que 6.1 millones de viviendas están deshabitadas. Además, el 9.1% de la población enfrenta deficiencias en la calidad y el espacio de sus viviendas, y 17.8% carece de servicios básicos. El hacinamiento afecta al 5.8% de la población, principalmente en zonas rurales, y el 2.9% habita en viviendas con piso de tierra, colocando a México entre los países con mayores índices de hacinamiento.
A nivel nacional, se estima que existe un déficit de 8.2 millones de viviendas, lo que representa el 23.3% del total de viviendas particulares habitadas. La escasez de nueva vivienda se ha acentuado por el encarecimiento del financiamiento e insumos, resultando en precios elevados para la adquisición de viviendas. En 2022, los gastos de alquiler representaron el 4.9% de los ingresos de un hogar promedio, con una variación de hasta 8.6 puntos porcentuales entre los hogares más ricos y los más pobres, siendo los del primer decil los que más alquilan.
Desde 2016 ha habido una caída generalizada en la producción de vivienda, afectando principalmente a las familias de bajos ingresos. Entre 2016 y 2024 la oferta de vivienda se redujo en 61.4%, y la vivienda de interés social vio una caída de 77.2%. El 44.5% de los hogares sin vivienda propia se concentra en cinco entidades federativas, y el déficit se agrava en estados como Guerrero, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Baja California Sur y la Ciudad de México.
El encarecimiento de la vivienda ha dificultado su asequibilidad. Entre 2018 y 2024 el valor promedio de inmuebles pasó de 987 mil pesos a más de dos millones de pesos, con la Ciudad de México registrando el valor más alto en 2024: 4.6 millones de pesos. Se estima que el 60% de los hogares no pueden adquirir viviendas de más de 500 mil pesos.
Por ello, es necesario implementar una política de vivienda que garantice el acceso a vivienda a las personas sin seguridad social, de bajos ingresos, vulnerables y discriminadas, complementada con el rescate de espacios públicos y viviendas abandonadas.
Finalmente, respecto a la certeza jurídica, a nivel nacional se cuenta con 6.5 millones de viviendas propias sin escritura. El 40.6% de las viviendas propias en áreas rurales y el 22.6% en zonas urbanas no cuentan con esta documentación, afectando especialmente a las mujeres, quienes tienen menores tasas de tenencia de propiedad. Según el CONEVAL, en 2022 solo 19 millones de personas mayores de 18 años eran propietarias de su vivienda, de las cuales solo el 41.7% eran mujeres, y para las mujeres adultas mayores, solo el 35.9% eran propietarias. Esta incertidumbre jurídica vulnera la propiedad y la seguridad jurídica de las familias sobre su patrimonio, limitando su acceso a servicios públicos, el mercado de crédito y al desarrollo con bienestar.
Es necesario garantizar el derecho a la vivienda adecuada y sustentable para mejorar la calidad de vida de la población mexicana, contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad territorial y a promover un desarrollo equitativo y sostenible.
EJE GENERAL 1 · GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA · EJE GENERAL 3 · ECONOMÍA MORAL Y TRABAJO