EJE GENERAL 1 · GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 · Diagnóstico
EJE GENERAL 1
GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Proyecto de Nación del Gobierno de la Transformación tiene como eje principal el Humanismo Mexicano que, en esencia, significa "Por el bien de todos, primero los pobres". El objetivo es lograr la fraternidad universal, la igualdad de oportunidades para todas las personas y una prosperidad compartida.
El Humanismo Mexicano se nutre de la esencia de los pueblos originarios y de la fecunda historia de México. Culturas milenarias que han resistido valores y prácticas comunitarias y el largo caminar del pueblo de México por ser un país libre, independiente y soberano.
En la transformación actual se busca fortalecer derechos individuales y colectivos: la democracia, los derechos humanos, los derechos sociales, el acceso a la justicia y mejorar la seguridad pública construyendo la paz. La honradez y la honestidad son imperativos éticos de los servidores públicos de este gobierno y se toman acciones firmes para erradicar la corrupción y el nepotismo.
En la República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable que construimos, el Gobierno de México actuará con la obligada separación entre el poder económico y el poder político, tal como hizo Benito Juárez cuando separó los intereses de la Iglesia y los del Estado hace más de 150 años. Nunca nos someteremos a intereses económicos, políticos o extranjeros; se trabaja siempre por el interés supremo del pueblo y de la nación.
Somos un gobierno sensible, cercano a la gente; gobernamos desde el territorio, no desde el escritorio. Respetamos todas las libertades de expresión, de reunión, de protesta.
Nuestra guía es el respeto a la CPEUM que garantiza el derecho de todas las personas a vivir en una sociedad justa, igualitaria y segura, sin distinción de género, orientación sexual, raza, creencias o condición social. Respetaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Rechazamos cualquier tipo de discriminación como el clasismo, el racismo y el machismo.
Es una obligación velar por el respeto a los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir movimientos sociales o políticos. Ratificamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. También, continuaremos acompañando a las familias de aquellas personas víctimas de desaparición forzada en su búsqueda por la verdad, localización, justicia y reparación.
Nuestra política exterior está apegada a los principios de la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Nos corresponde siempre defender la grandeza de México y promover relaciones de respeto, nunca de subordinación. Somos un país libre, democrático, soberano, independiente; somos un gran país con un pueblo maravilloso, honesto y trabajador. La Cuarta Transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador le devolvió el orgullo y la dignidad a nuestro pueblo y nunca nadie se las podrá arrebatar.
Nuestros paisanos son héroes y heroínas de la patria; contribuyen a la economía de nuestro país y de manera muy importante a la de Estados Unidos de América. Siempre estaremos agradecidos y admirados por su trabajo, por el apoyo que les dan a sus familias; por ello, siempre les defenderemos a través de los consulados en los Estados Unidos de América y las embajadas en otros países. México tiene una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos de los extranjeros migrantes que viajan o se integran en nuestro país.
Un país más justo y equitativo requiere contar con un sistema de justicia eficaz, accesible y cercano a la ciudadanía, asegurando que todas las personas ejerzan sus derechos con certeza y seguridad.
La corrupción en el Poder Judicial de la Federación vulnera el derecho a la justicia, pues hay jueces y ministros que sirven a grupos de poder y a delincuentes, lo que hizo indispensable una reforma judicial, para separar el poder económico de la justicia y dar mayor independencia y autonomía al Poder Judicial de la Federación.
México será el primer país en elegir, mediante voto popular, a las personas juzgadoras (jueces, magistrados y ministros). Un Poder Judicial de la Federación electo por el pueblo tendrá mayor autonomía, compromiso y cercanía con los ciudadanos.
Es fundamental ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Se fortalecerán instrumentos de la democracia participativa como la consulta popular, la revocación de mandato y el plebiscito. Hay que garantizar la participación y la representación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones a nivel federal, estatal y municipal. El Estado está obligado a llevar a cabo un proceso de consulta libre, previa e informada a las comunidades sobre las decisiones, leyes o proyectos que les afecten. Es necesario impulsar la vida comunitaria, las asambleas y sentar las bases para la reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de sus culturas, de sus lenguas y sus instituciones y sus asambleas. Durante esta administración, por primera vez se entregará de manera directa una partida federal a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que lo ejercerán a través de sus asambleas comunitarias.
En materia electoral, se propone acabar con la relección a cualquier cargo de elección popular y establecer la prohibición expresa para que ningún funcionario pueda dejar en su lugar a un familiar, no de manera consecutiva. También se busca disminuir el costo de las elecciones y de los recursos destinados a los partidos políticos. En tanto, en 2027 habrá revocación de mandato, como lo establece la CPEUM.
Este gobierno será honesto, honrado, sin influyentismos, ni nepotismos, corrupción o impunidad. Es clave el combate a la corrupción y al nepotismo, para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los derechos y la justicia lleguen a todas las personas sin distinción.
La nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) actuará contra cualquier acto de corrupción en la Administración Pública Federal (APF). No regresará el régimen de corrupción; la guía de este gobierno será siempre la honradez y la honestidad.
Se consolidará el nuevo modelo de gobernanza, basado en la austeridad republicana, la transparencia y la rendición de cuentas. Mantendremos la disciplina financiera y fiscal; continuará un gobierno sin lujos y sin privilegios.
La construcción de la paz en todo el territorio nacional es un objetivo estratégico del Gobierno de la República. Esto se logrará con una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención, la inteligencia y la coordinación interinstitucional. No basta con perseguir el delito; es necesario atender sus causas estructurales, recuperando el espacio público y ampliando las oportunidades de desarrollo, educación y empleo digno para fortalecer la cohesión social.
Finalmente, el fortalecimiento de un sistema de inteligencia e investigación permitirá prevenir e identificar amenazas y generadores de violencia, para sancionar oportunamente, asegurando que las fuerzas de seguridad actúen con eficacia y pleno respeto a los derechos humanos. Se fortalecerá la Guardia Nacional. La construcción de una sociedad segura y en paz es una tarea colectiva que requiere la participación ciudadana y un Estado comprometido con el bienestar de todas y todos.
Diagnóstico
República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable
Durante varias décadas del periodo neoliberal, el Estado mexicano descuidó la atención de legítimas demandas sociales y abandonó su papel como promotor del desarrollo económico y garante del interés público. Esta omisión provocó un deterioro en las oportunidades y la calidad de vida de la población, sobre todo de aquella en situación de vulnerabilidad; además, fomentó la corrupción sistémica y debilitó la confianza en las instituciones. Como consecuencia, el país experimentó un aumento de la desigualdad, la fragmentación del tejido social y una escalada de la violencia e inseguridad.
Ante esta crisis, a partir de 2019 se impulsó la construcción de un nuevo Estado de bienestar con un enfoque humanista que puso al centro a los sectores históricamente más desatendidos. Bajo esta visión, el gobierno austero y honesto ha fortalecido el papel del Estado en la promoción de la justicia social, la redistribución de la riqueza y el acceso equitativo a derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo digno.
Esta transformación responde a una demanda legítima de la sociedad por contar con un gobierno que fomente la participación ciudadana y garantice que las decisiones públicas reflejen el interés general, no el de pequeños grupos de poder. Durante décadas, la democracia se restringió a los procesos electorales, mientras que el diseño de las políticas públicas se realizaba sin la opinión del pueblo. Para revertir esta exclusión, desde el sexenio pasado se han consolidado nuevos mecanismos de democracia participativa, promoviendo el diálogo ciudadano como herramienta fundamental para la transformación de la vida pública.
La aprobación de la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato marcó un punto de inflexión en la vida democrática del país. En 2021, se llevó a cabo la primera consulta popular sobre el juicio a los expresidentes, con la participación de más de seis millones de personas. Un año después, más de 16 millones de ciudadanos participaron en la revocación de mandato, ratificando el respaldo al entonces Presidente de la República. Estas acciones fortalecieron la legitimidad del gobierno y contribuyeron a que la confianza de la población en el Gobierno Federal aumentara de 25.5% en 2017 a 59.1% en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
No obstante, persisten retos estructurales, como los altos costos de operación del sistema electoral, una burocracia sobredimensionada y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar una mayor equidad en la representación política. Por ello, es fundamental avanzar hacia una reforma electoral integral que optimice los recursos públicos, fortalezca la transparencia, combata el nepotismo y fomente una mayor participación de las mujeres y los pueblos originarios en el sistema político.
El fortalecimiento de la democracia participativa también implica generar espacios de diálogo sobre los temas más apremiantes para el desarrollo de la sociedad, consolidando mecanismos de gobernanza que atiendan de manera efectiva las demandas ciudadanas.
A pesar de los avances, es necesario promover una mayor inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en la cultura democrática del país y garantizar que la población tenga acceso a información veraz, precisa y relevante sobre los asuntos de interés público, evitando la desinformación y asegurando mecanismos de comunicación accesibles.
Para garantizar una sociedad con pleno respeto a los derechos humanos y las libertades, es imprescindible contar con un sistema de justicia eficiente, imparcial y accesible para todas las personas. Durante varias décadas, el deterioro en la impartición de justicia fomentó la impunidad, debilitó la confianza en el sistema de justicia y restringió el acceso a los derechos, especialmente en los sectores históricamente discriminados. Esta situación acentuó la exclusión y la desigualdad.
En respuesta, en los últimos años se han impulsado reformas para agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y fortalecer los mecanismos de evaluación del desempeño de las instancias judiciales. Además, el sistema de justicia ha sido colocado en el centro del debate nacional, evidenciando prácticas de corrupción y decisiones que favorecían a grupos de poder ajenos al interés general, incluso obstaculizando las facultades legales de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
Ante esta realidad, el Gobierno de México ha propuesto una reforma al Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de consolidar un sistema de justicia transparente, cercano a la gente y basado en la independencia, objetividad y profesionalismo. Este cambio permitirá fortalecer la confianza ciudadana en la impartición de justicia, y garantizar que los derechos sean protegidos sin distinción ni privilegios.
La necesidad de mejorar la impartición de justicia también impacta el derecho a la vivienda y la seguridad en la tenencia de la tierra, consagrados en los artículos 4o. y 27 de la CPEUM. Según el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, en 2024 el 24.3% de las viviendas en el país se encontraba en situación de inseguridad jurídica, lo que genera incertidumbre económica y dificulta el acceso al financiamiento. Con la implementación de reformas en el Poder Judicial de la Federación, se espera que la regularización de la propiedad fortalezca la cohesión social y brinde mayor certidumbre a los hogares mexicanos.
La consolidación de un gobierno transparente, austero y honesto requiere un combate frontal a la corrupción en todos los niveles de gobierno. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Por ello, se han impulsado reformas que han permitido tipificar como delitos graves el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones y el uso indebido de programas sociales con fines electorales. También se ha avanzado en la justicia fiscal, eliminando la condonación de impuestos a grandes empresarios y garantizando que todos contribuyan al desarrollo del país.
Como resultado de lo anterior, la tasa de corrupción en trámites gubernamentales disminuyó un 17% entre 2019 y 2023, con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI.
El Sistema Nacional Anticorrupción ha jugado un papel clave en la regulación de los entes públicos, estableciendo criterios homogéneos para prevenir y combatir la corrupción. Entre las acciones prioritarias se encuentra la implementación de la Plataforma Digital Nacional, que permitirá detectar en tiempo real posibles irregularidades en la gestión gubernamental, con especial atención en agencias estatales y municipales, donde persisten desafíos en la fiscalización.
El combate a la corrupción también requiere el fortalecimiento del marco legal y la capacitación de las y los servidores públicos en áreas clave.
Por otro lado, es fundamental garantizar un uso eficiente de los recursos, eliminando gastos innecesarios y reduciendo privilegios que beneficien a unos pocos en detrimento del interés social.
Desde 2019, el artículo 134 de la CPEUM estableció que el gasto público debe ejercerse con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, priorizando los objetivos del desarrollo nacional y el bienestar de la población. Para ello, los programas presupuestarios deben contar con metas y objetivos medibles, permitiendo evaluar su impacto real y mejorando la rendición de cuentas.
Finalmente, la estabilidad de las finanzas públicas depende de una política fiscal responsable. La prioridad es mantener una recaudación progresiva, evitando el incremento de impuestos o la creación de nuevas cargas fiscales para la ciudadanía. Por ello, se dará continuidad a la fiscalización contra la evasión y el contrabando, fortaleciendo la inteligencia fiscal y la coordinación con gobiernos locales para garantizar el pago oportuno de impuestos y reforzar la sostenibilidad financiera del país.
República segura y con justicia
La seguridad pública es una de las principales responsabilidades del Estado, el cual debe garantizar la protección de la vida, la libertad y el patrimonio de las personas. Para lograr un entorno de paz y fortalecer la convivencia social, es esencial atender las causas estructurales que generan la violencia, implementando una estrategia de seguridad con pleno respeto a los derechos humanos y consolidando instituciones de justicia y seguridad eficaces y cercanas a la ciudadanía.
El problema de la inseguridad es complejo y multifactorial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el 60.7% de la población considera la inseguridad como el principal problema del país. Además, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2024, el 61.7% de las personas adultas perciben su ciudad como un lugar inseguro debido a la delincuencia. Los delitos de mayor incidencia incluyen homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo total, trata de personas y narcomenudeo, con una concentración en diez entidades federativas.
La desigualdad económica, la exclusión social y la falta de oportunidades han sido factores determinantes en la generación de la violencia. Además, la falta de profesionalización y equipamiento de las fuerzas policiales, así como la debilidad en los mecanismos de inteligencia e investigación, han limitado la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.
Estos problemas han incrementado la percepción de la impunidad y la desconfianza en las instituciones, afectando el desarrollo económico y la atracción de inversiones.
Desde 2019, México ha avanzado en la construcción de una nueva política de seguridad, enfocada en fortalecer las instituciones, modernizar los cuerpos policiacos y mejorar la cooperación internacional para garantizar la protección de la población. La estrategia ha seguido dos enfoques complementarios: por un lado, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad mediante la profesionalización de la policía, el uso de tecnología avanzada y la optimización de los métodos de inteligencia; y por otro, la prevención social de la violencia, promoviendo la no criminalización de las personas jóvenes, eliminando el uso excesivo de la fuerza y priorizando políticas sociales que reduzcan la base social del crimen.
La Guardia Nacional, creada en 2019, ha sido un pilar fundamental de esta estrategia, consolidándose como una fuerza de seguridad con enfoque humanista y de proximidad social. Actualmente, cuenta con más de 133 mil elementos desplegados en el territorio nacional y un nivel de aprobación ciudadana del 80.6% según la ENVIPE. La reforma al artículo 21 de la CPEUM amplió sus facultades, permitiéndole participar en investigaciones delictivas, en coordinación con el Ministerio Público.
Los resultados han sido contundentes. Sin embargo, persisten desafíos para reducir de manera estructural la incidencia delictiva. Se requiere mejorar la eficiencia operativa de las fuerzas de seguridad, fortalecer la inteligencia y la ciberseguridad, garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura informática del Gobierno y consolidar un enfoque de seguridad con justicia y derechos humanos.
Una agenda nacional de derechos humanos debe ser el eje central de la política de seguridad. Esto no solo fortalece la legitimidad del Estado, sino que permite avanzar en el reconocimiento de violaciones históricas, fomentando la construcción de una cultura de paz basada en la reparación, la memoria y la justicia.
Por ello existe la necesidad de fortalecer las labores de búsqueda y rescate de aquellas personas desaparecidas y no localizadas. Con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, este doloroso fenómeno afecta en la actualidad a 122,876 familias. No obstante, 226,283 personas han sido localizadas desde que se tiene registro, por medio de los mecanismos institucionales vigentes.
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas requiere del fortalecimiento en su coordinación, cobertura y calidad de servicios. Para ello, es importante impulsar la profesionalización del personal, la investigación sobre víctimas y la modernización de los procesos de planeación y evaluación de políticas de atención.
Además de la seguridad pública, México enfrenta amenazas a su seguridad nacional, derivadas de factores internos y externos. Entre estos destacan el crimen organizado transnacional, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; los ciberataques y amenazas digitales, que requieren fortalecer la inteligencia cibernética del Estado; y los flujos migratorios, que exigen una coordinación efectiva para proteger derechos y garantizar la estabilidad fronteriza.
El fortalecimiento de los sistemas de inteligencia permitirá detectar riesgos de manera temprana y mejorar la respuesta de las fuerzas de seguridad. También se impulsará la vigilancia y control en fronteras, combatiendo delitos como tráfico de personas, contrabando y pesca ilegal.
México debe ampliar su liderazgo en la gobernanza global, promoviendo la paz, el respeto a los derechos humanos y la cooperación estratégica con apego a la soberanía nacional. La política exterior debe enfocarse en fortalecer la diplomacia efectiva y consolidar la presencia de México en organismos internacionales, asegurando una mayor coordinación entre la APF y la política exterior.
En el contexto global actual, marcado por conflictos diplomáticos y violaciones al derecho internacional, México debe defender sus intereses y soberanía, a la par de consolidar su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Nuestro país es parte del principal corredor migratorio del mundo, enfrentando múltiples retos en la gestión de la movilidad humana. Como país de origen, tránsito, destino y retorno, requiere mecanismos de coordinación internacional para asegurar una migración ordenada y con enfoque de derechos humanos.
El Gobierno de México ha priorizado el respeto a los derechos de las personas migrantes, asegurando una atención integral a través del fortalecimiento de la gestión migratoria, promoviendo acuerdos de cooperación internacional; la ampliación de servicios de asistencia y protección consular, garantizando documentación, asesoría legal y apoyo en casos de vulnerabilidad; y el reconocimiento de la contribución de los migrantes a sus comunidades de destino y al desarrollo económico tanto del país que los recibe, como del que recibe sus remesas.
La política migratoria debe equilibrar la seguridad con la protección de los derechos humanos, asegurando condiciones dignas para las personas en movilidad. Para ello, se fortalecerá la infraestructura y capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la atención a migrantes, garantizando una gestión humanitaria y eficiente.
Diagnóstico de la Nación: ¿Dónde estamos? · EJE GENERAL 2 · DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO