Apartado 1.1 Marco jurídico
Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos · Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos 2025-2039 · Apartados del plan
1 Introducción
1. Introducción
1.1 Marco jurídico
Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios y mandatos rectores, así como la base del marco jurídico para la planeación en el sector hidrocarburos, al establecer la propiedad de la Nación y el control del Estado sobre estos recursos estratégicos.
Particularmente, el artículo 25 constitucional confiere al Estado la rectoría del desarrollo nacional, lo que implica la responsabilidad de planear, conducir y orientar la actividad económica de manera integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación. Dentro de este mandato constitucional se precisa que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y que llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.
Bajo esta tesitura, el sector hidrocarburos se define como un área que está a cargo del sector público, es decir, el Estado y que debe ser impulsada y organizada por este, en concurrencia con los sectores social y privado, siempre con el objetivo de fortalecer la soberanía de la Nación y el bienestar social.
De forma complementaria, el artículo 27 de nuestra carta magna establece el elemento más fundamental: la propiedad originaria de la Nación sobre los yacimientos de petróleo y demás hidrocarburos, en el subsuelo, señalando su característica de inalienable e imprescriptible. En consecuencia, el Estado tiene la atribución exclusiva para realizar las actividades de exploración y extracción de estos bienes estratégicos, mediante empresas públicas del Estado o través de contratos con los particulares.
Por otro lado, el artículo 28 constitucional mandata la prohibición de los monopolios y las prácticas monopólicas en México. No obstante, el mismo precepto contempla una excepción esencial para el sector hidrocarburos y establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en diversas áreas estratégicas, entre las cuales, se encuentran, las correspondiente al sector energético, particularmente, las relativas a la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos. Lo anterior, tiene como objetivo preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación, para evitar el lucro y garantizar la seguridad nacional. Esta disposición, mantiene al Estado como el agente rector y planificador que asegura el control estratégico del sector.
En resumen, este conjunto de mandatos constitucionales previsto para el sector hidrocarburos fortalece las condiciones y capacidades del Estado en las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, además, ordena e incentiva la participación de los privados a través de la implementación de diversos esquemas, bajo la premisa de que dicha participación no puede ser mayor a la del Estado.
De igual forma, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala en su artículo 33, fracciones, I, II, IV, V y XXV que, corresponde a la SENER, entre otras facultades: establecer, conducir y coordinar la política energética del país; ejercer los derechos de la Nación en materia de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos; promover la participación de los particulares en las actividades del sector; llevar a cabo la planeación vinculante en el sector energético, que atienda la restitución de reservas de hidrocarburos, la diversificación de las fuentes de combustibles; y procurar, fomentar y vigilar el adecuado suministro de los combustibles en el territorio nacional.
Asimismo, la LPTE publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2025, establece en su artículo 2 que la SENER está a cargo de la planeación vinculante en el Sector Energético, que incluye el desarrollo de las áreas estratégicas para preservar la soberanía, la seguridad, la autosuficiencia y la Justicia Energética de la Nación. En particular, para el sector hidrocarburos, la LPTE dispone en sus artículos 3, fracción XIX, 8, fracción I, 21, fracción V, y 31, fracciones II y III, que corresponde a la SENER elaborar y publicar, entre otros instrumentos, el PLADESHi, así como coordinar su ejecución y vigilar su cumplimiento.
Así, el PLADESHi se erige como el instrumento rector de la planeación para el sector hidrocarburos a nivel nacional. De conformidad con el artículo 31 de la LPTE, el PLADESHi es el instrumento de carácter vinculante para el desarrollo y modernización de la infraestructura del sector hidrocarburos con un horizonte de 15 años, que debe ser congruente con la Estrategia Nacional de Transición Energética, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Programa Sectorial de Energía y el Plan para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
Bajo esta tesitura, la Ley del Sector Hidrocarburos, establece en su artículo 7, que la regulación de las actividades del sector hidrocarburos, debe sujetarse y contribuir a los objetivos y acciones determinados en el Plan Nacional de Desarrollo y la política pública que determine la persona Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía. Además, el artículo 8 de la mencionada Ley señala que la planeación del sector hidrocarburos tiene carácter vinculante, misma que debe promover la justicia energética, transición y eficiencia energéticas, sustentabilidad y el desarrollo de energías limpias y renovables; preservar la soberanía y seguridad energéticas, así como proveer al pueblo combustibles de la mejor calidad y al menor precio posible; e incentivar el desarrollo, modernización de la infraestructura del sector, tomando en cuenta la seguridad, eficiencia y sustentabilidad operativa de este.
En este sentido, el carácter vinculante de la planeación del sector hidrocarburos se reitera con lo establecido en el artículo 336 del Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos, el cual señala que las actividades reguladas deben realizarse con base en criterios de eficiencia, eficacia, mejores prácticas, sustentabilidad, seguridad operativa a fin de contribuir a la justicia energética, conforme los instrumentos en materia de planeación y transición energética.
Finalmente, el PLADESHi se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, particularmente con los "Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación", en el apartado "X. República soberana y con energía sustentable" y el "Eje General 4. Desarrollo Sustentable", que establece como objetivo recuperar la rectoría del Estado en el sector energético, lo que implica fortalecer a las empresas públicas del Estado como lo es Petróleos Mexicanos, a través de inversión, austeridad y combate a la corrupción, asegurando su solidez financiera.
Aunado a lo anterior, se da prioridad a la autosuficiencia en hidrocarburos sobre la importación, impulsando la refinación nacional, la producción de petroquímicos y fertilizantes para la seguridad alimentaria, así como el incremento sostenible de reservas, además, enfatiza la necesidad de reducir emisiones de efecto invernadero y adoptar tecnologías limpias para avanzar hacia la descarbonización.
En conclusión, el PLADESHi no solo cumple un mandato jurídico constitucional y legal, sino que se constituye como la herramienta estratégica para consolidar la seguridad del abastecimiento nacional de hidrocarburos, reducir la dependencia de importaciones críticas, modernizar la infraestructura del sector e impulsar un aprovechamiento responsable de estos recursos en el marco de la transición energética.