VI.3 Alcance de las facultades municipales en materia hacendaria, administrativa y de licencias de funcionamiento
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 137/2026. · Controversia constitucional 137/2026 · VI.3 Alcance de las facultades municipales en materia hacendaria, administrativa y de licencias de funcionamiento
VI.3 Alcance de las facultades municipales en materia hacendaria, administrativa y de licencias de
funcionamiento
66. El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso:
a. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b. Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
c. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
67. Asimismo, dispone que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
68. En ese sentido, la fracción V del citado artículo 115 constitucional señala que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.
b. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.
c. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboran proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios.
d. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
e. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
f. Otorgar licencias y permisos para construcciones.
g. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.
h. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial.
i. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
69. Además, de acuerdo con el último párrafo de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal, en lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, los Municipios expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. De igual forma, los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i), antes transcrito.
70. En vista de lo anterior, este Tribunal Pleno reconoce que los Municipios cuentan con atribuciones constitucionales en materia de desarrollo urbano, uso de suelo, construcciones, administración de la vía pública, protección civil e imagen urbana, en términos del artículo 115 constitucional.
71. Sin embargo, dichas facultades no son absolutas ni pueden ejercerse de manera aislada del sistema constitucional de distribución de competencias, pues el propio artículo 115 constitucional establece que los Municipios ejercerán sus atribuciones en los términos de las leyes federales y estatales relativas, por lo que sus competencias deben armonizarse con aquellas materias que la Constitución Federal reserva expresamente a la Federación.
72. Por tanto, la potestad municipal para administrar su hacienda, expedir licencias de funcionamiento, regular construcciones, ejercer funciones de control ambiental o cobrar derechos por servicios administrativos locales no puede convertirse en una habilitación para condicionar, regular o gravar de manera específica actividades o infraestructura vinculadas con sectores reservados al ámbito federal, como la exploración y extracción de hidrocarburos o la generación de energía eléctrica .
73. Lo anterior no implica desconocer la competencia municipal para regular, en términos generales, el uso de suelo, las construcciones, el funcionamiento de establecimientos o determinados aspectos ambientales dentro de su territorio. Significa, más bien, que cuando la norma local o municipal identifica expresamente actividades o infraestructura propias de la industria de hidrocarburos o del sector eléctrico y establece respecto de ellas un régimen específico de licencia, autorización, permiso o cobro, deja de operar como una regulación administrativa general y pasa a incidir directamente en materias federales.
74. En esa medida, debe distinguirse entre una licencia de funcionamiento ordinaria, aplicable de manera general a establecimientos, obras o actividades dentro del territorio municipal, y una autorización o derecho diseñado específicamente para edificaciones destinadas a la extracción de gas natural o gas no asociado, o para edificaciones productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares . La primera puede ubicarse, en principio, dentro del ámbito municipal; la segunda incide en actividades cuya regulación, autorización, supervisión y verificación corresponde a las autoridades federales competentes.
75. Esta distinción es relevante porque permitir que cada Municipio establezca licencias, refrendos, permisos o derechos específicos para edificaciones destinadas a la extracción de hidrocarburos o a la producción de energía eléctrica generaría una fragmentación regulatoria incompatible con el diseño constitucional de ambos sectores. Tanto la industria de hidrocarburos como el sector eléctrico requieren criterios técnicos uniformes, planeación nacional, seguridad energética, continuidad, confiabilidad, supervisión especializada y control federal .
76. Si bien la legislación federal en materia de hidrocarburos y energía eléctrica prevé mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios para contribuir al desarrollo de determinadas actividades y proyectos, dicha participación debe entenderse limitada al ámbito de competencia de cada orden de gobierno y orientada a agilizar los permisos y autorizaciones que correspondan . Por tanto, esa coordinación no constituye una habilitación para que los Municipios establezcan regímenes autónomos de autorización, licencia, permiso, refrendo o cobro específicamente dirigidos a actividades de exploración o extracción de hidrocarburos, ni a infraestructura del sector eléctrico, máxime que la propia legislación federal reserva dichas materias a la jurisdicción federal.
77. En efecto, el artículo 127 de la Ley del Sector Hidrocarburos dispone expresamente que la industria de hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal y que, en consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia , incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria. (55)
78. Asimismo, el artículo 78 de la misma Ley prevé que la Secretaría de Energía o la Comisión Nacional de Energía pueden coordinarse con Petróleos Mexicanos o cualquier autoridad del Gobierno Federal, así como celebrar convenios de colaboración y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de su competencia, supervisen, vigilen y verifiquen que las actividades reguladas en dicha Ley se realicen sin perjuicio del interés público y social. (56)
79. De igual forma, el artículo 128, párrafo tercero, de dicho ordenamiento establece que la Federación, los gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México, los Municipios y las Alcaldías deben contribuir al desarrollo de proyectos de exploración y extracción, así como de transporte y distribución por ductos y de almacenamiento, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia . (57)
80. Por su parte, el artículo 7 de la Ley del Sector Eléctrico dispone expresamente que las actividades del sector eléctrico son de jurisdicción federal y que, en los casos en que exista concurrencia, prevalece dicha jurisdicción . Además, establece que las autoridades administrativas y jurisdiccionales deben proveer lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades. (58)
81. Asimismo, el artículo 88, tercer párrafo, de la misma Ley prevé que la Federación, los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las alcaldías de la Ciudad de México deben contribuir al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica , mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia . (59)
82. De igual forma, el artículo 129 de dicho ordenamiento establece que el Gobierno Federal debe promover el acceso energético, priorizando la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, para lo cual la Secretaría de Energía puede coordinarse con las entidades federativas y los Municipios. (60)
83. De esas disposiciones se advierte que la legislación federal prevé espacios de coordinación con las entidades federativas y los Municipios en materia de hidrocarburos y energía eléctrica ; sin embargo, dicha participación se encuentra acotada al ámbito de competencia de cada orden de gobierno y tiene como finalidad facilitar el desarrollo de proyectos, agilizar trámites y, en su caso, auxiliar en la supervisión, vigilancia y verificación de las actividades reguladas o promover el acceso energético, sin habilitar expresamente a las autoridades locales para establecer regímenes autónomos de autorización, licencia, permiso, refrendo o cobro específicamente dirigidos a actividades de la industria de hidrocarburos o a infraestructura del sector eléctrico .
84. En otras palabras, la coordinación prevista en la legislación federal tiene por objeto agilizar y garantizar los permisos y autorizaciones que correspondan a cada orden de gobierno, así como permitir la colaboración institucional para la supervisión, vigilancia y desarrollo de las actividades reguladas, sin trasladar a los órdenes de gobierno estatales y municipales facultades para regular, condicionar o gravar actividades propias de la industria de hidrocarburos o del sector eléctrico .
85. Por tanto, si bien subsisten las autorizaciones municipales ordinarias en materia urbanística, administrativa, ambiental o de funcionamiento, éstas no pueden configurarse de manera que el hecho imponible recaiga específicamente sobre actividades de exploración o extracción de hidrocarburos, ni sobre proyectos o infraestructura destinados a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica , ni calcularse con base en elementos propios de dichas actividades reguladas por la legislación federal.
86. Lo anterior, porque la legislación federal concentra en autoridades federales el régimen de permisos, autorizaciones, regulación técnica y económica, supervisión, verificación, imposición de sanciones y demás actos administrativos necesarios para el funcionamiento eficiente tanto de la industria de hidrocarburos como del sector eléctrico , por lo que esos elementos no pueden quedar sujetos a regímenes municipales diferenciados.
87. En suma, la previsión de facultades municipales en materia hacendaria, administrativa, ambiental, de uso de suelo o licencias de funcionamiento no autoriza a los Municipios a establecer cargas económicas específicas sobre edificaciones destinadas a la extracción de gas natural o gas no asociado, ni sobre edificaciones productoras de energía eléctrica . Admitir lo contrario desnaturalizaría el diseño federal de ambos sectores y permitiría fragmentar localmente materias que la Constitución Federal y las leyes reservan a la jurisdicción federal.
VI.2 Parámetro constitucional aplicable en materia de energía eléctrica · VI.4 Análisis del caso concreto