ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 137/2026. · Controversia constitucional 137/2026 · ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda . Mediante oficio presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintiséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (1) , Esthela Damián Peralta, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió demanda de controversia constitucional, en la que impugna lo siguiente:
" IV. Norma general, cuya invalidez se demanda, y el medio oficial en el cual se publicó
DECRETO 372.- Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, publicada en la primera sección del periódico oficial número 103 de la entidad federativa demandada, el 26 de diciembre de 2025, cuyo contenido es el siguiente:
ARTÍCULO 38.- [ ... ]. "
2. Conceptos de invalidez. La parte actora expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en el estudio de fondo.
3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos que el actor estima violados son los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto y séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o. y 5o., inciso c) y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Radicación y turno. Por acuerdo de Presidencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiséis , se ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el número de expediente 137/2026 ; y se turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
5. Admisión . Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiséis , la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional y ordenó emplazar como partes demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza , para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, rindieran su respectiva contestación; asimismo, reconoció como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión; y finalmente, ordenó correr traslado a la Fiscalía General de la República para que formulara lo que a su derecho conviniera.
6. Comparece la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado) . Mediante oficio recibido el once de marzo de dos mil veintiséis , Laura Itzel Castillo Juárez, ostentándose como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, compareció a la presente controversia, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y, finalmente, designó delegados, lo cual se tuvo por acordado de manera favorable en proveído de diecisiete de marzo siguiente .
7. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado) . Por oficio recibido el veintiséis de marzo de dos mil veintiséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2) , Sergio Ruiz Arias, en su carácter de delegado autorizado de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión , realizó manifestaciones en su carácter de tercero interesado, en las cuales solicita, en esencia, se declaren fundados los conceptos de invalidez formulados por el Ejecutivo Federal.
8. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado) . Por oficio recibido el siete de abril de dos mil veintiséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (3) , Kenia López Rabadán, ostentándose como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión , realizó manifestaciones en su carácter de tercero interesado, en las cuales solicita, en esencia, se declaren fundados los conceptos de invalidez formulados por el Ejecutivo Federal.
9. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza . Mediante oficio recibido el seis de mayo de dos mil veintiséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (4) , Juan Pablo Alvarado Cepeda, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza , formuló contestación a la demanda, en la que manifestó, en esencia:
· La intervención del Poder Ejecutivo del Estado dentro del procedimiento legislativo se limitó a la promulgación y publicación de la ley impugnada, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, sin que se le atribuya de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez vinculado con dichos actos.
10. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza . Mediante oficio recibido el seis de mayo de dos mil veintiséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (5) , César Mario Esquivel Flores, en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza , formuló contestación a la demanda, en la que manifestó, en esencia:
En cuanto al fondo .
· La norma impugnada no regula la industria de hidrocarburos ni la generación de energía eléctrica , sino que establece derechos vinculados con licencias, permisos, autorizaciones y servicios de control ambiental dentro del ámbito competencial municipal.
· El artículo 115 constitucional faculta a los Municipios para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo, así como otorgar licencias y permisos de construcción, por lo que la disposición impugnada constituye una manifestación válida de esas atribuciones y no una invasión a competencias federales.
· La licencia de funcionamiento controvertida no sustituye permisos o autorizaciones federales ni regula aspectos técnicos de la industria energética o de hidrocarburos, sino que persigue finalidades de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y control ambiental.
· La norma debe interpretarse en el contexto de las atribuciones municipales de protección ambiental y del deber estatal de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que resulta compatible con el principio de distribución de competencias previsto en la Constitución.
11. Opinión de la Fiscalía General de la República. La citada dependencia no formuló manifestación o pedimento alguno.
12. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el veinticuatro de junio de dos mil veintiséis tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; y por acuerdo de la Ministra instructora de uno de julio siguiente , se tuvo por cerrada la instrucción del procedimiento a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente; presentada la propuesta, el proyecto de sentencia se hizo público (6) , con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
Identificación y presentación de la sentencia · I. COMPETENCIA