5.4. Justicia Energética
Programa Sectorial de Energía 2025-2030 · Programa Sectorial de Energía 2025-2030 · Apartados del programa
5.4. Justicia Energética
La problemática energética en México ha estado marcada por desigualdades en el acceso a servicios asequibles y limpios, especialmente en comunidades rurales, indígenas, afromexicanas y marginadas, así como por el impacto de políticas que priorizaron la mercantilización de la energía sobre los derechos sociales. Durante años, la falta de infraestructura, los altos precios de los combustibles y la dependencia de importaciones agudizaron la pobreza energética y vulneraron la seguridad nacional.
El objetivo 3 de este Programa, alineado con la Reforma Energética 2025, bajo el principio de Justicia Energética, plantea estrategias y acciones para garantizar el acceso universal a energía confiable, limpia y accesible. Esto incluye programas como la electrificación con energías renovables, los "Techos Solares para el Bienestar" en zonas de clima extremo y las "Estufas Eficientes de Leña" para reducir la contaminación intradomiciliaria, beneficiando principalmente a mujeres y comunidades indígenas y afromexicanas.
En la Administración Pública Federal actual, la política energética añade como objetivo estratégico a la Justicia Energética, la cual está contemplada en la Ley de Planeación y Transición Energética como parte de la Reforma Energética 2025(17) (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025).
En el artículo Tercero, fracción XXVIII, se define como Justicia Energética a las acciones o estrategias encaminadas a reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía e impulsar el desarrollo regional y la prosperidad compartida mediante el acceso a energía e infraestructura energética confiable, asequible, segura y limpia para la atención de necesidades básicas, la reducción de impactos en la salud y el medio ambiente.
Cabe mencionar que también incluye la ampliación de espacios de participación inclusiva, principalmente de los pueblos originarios, en las cadenas productivas locales de los proyectos energéticos.
En la anterior administración, en 2021 se buscó reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la Reforma Energética de 2013 privilegiaba la participación privada en el Sector Energético Mexicano (SEM), despojando a las empresas energéticas del Estado, desviando el carácter estratégico de la producción de energía para el desarrollo nacional y reduciéndola únicamente a su ámbito mercantil.
Estas acciones llevaron al menoscabo de los derechos históricos de la Nación sobre el patrimonio energético, resultando en el debilitamiento del SEM, la seguridad e independencia energética, así como la seguridad nacional.
El compromiso de la administración anterior fue garantizar la seguridad energética, como condición necesaria de la seguridad nacional. Para ello, se propuso en el 2021 una Reforma Eléctrica para recuperar el papel estratégico de CFE, como EPE en la producción, transmisión, distribución de electricidad, contribuyendo a que el Estado no solo preserve la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación sino al abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna.
En este contexto se advierte que ya se contemplaba el acceso a la electricidad como un derecho del pueblo de México, más allá de una simple mercancía. Esta reforma constitucional no fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2022.
No obstante, respecto a incrementar el acceso energético, durante el sexenio pasado se realizaron distintas acciones para beneficio de la sociedad. Durante el periodo 2018-2024, se impulsó una política de carácter social en el sector energético que consistió en una política de la electrificación de comunidades rurales, indígenas y marginadas la cual tuvo un avance en la cobertura eléctrica al pasar de un 98.75% en 2018, a un 99.51% en 2024 (Gobierno de México, CFE, 2025). Esta tarea se llevó a cabo con recursos del FSUE.
En el tema del acceso a gasolinas y diésel a poblaciones que no cuentan con ese servicio, el Gobierno Federal anterior creó el programa de Gasolineras del Bienestar, que busca democratizar la venta de combustible, ofreciendo precios más competitivos y beneficios a las comunidades locales. Estas gasolineras operan bajo un modelo cooperativista, donde las ganancias se distribuyen entre los miembros de la cooperativa y se invierten en proyectos comunitarios. Actualmente existen 3 gasolineras del Bienestar en México: una en Guelatao, Oaxaca; otra en Calakmul, Campeche; y una más en Puebla.(18)
Debido a una política de precios de los combustibles al consumidor enfocada a incentivar la venta de gasolinas y diésel importados, en el periodo 2012-2018, se tuvo un incremento del 81 % en el precio de la gasolina magna, 85% en la premium y 89 % en el diésel. En 2018, la gasolina magna llegó a un máximo de 23.12 pesos por litro, la gasolina premium a 25.1 pesos por litro y el diésel a 24.6 pesos por litro.
Esta política tuvo un efecto directo en el poder adquisitivo de la población, además de que, al no existir un proyecto de recuperación de la autosuficiencia en petrolíferos, se profundizó la dependencia de la importación de gasolinas, lo que ha dejado al país vulnerable a los efectos de acontecimientos internacionales sobre el precio internacional del petróleo. (Petróleos Mexicanos, 2025) (Comisión Reguladora de Energía, 2022).(19)
En el periodo 2018-2024, se cambió la política de precios de la gasolina y diésel y estos pudieron mantenerse con un crecimiento de los precios, por debajo de la inflación a través de subsidios. El monto acumulado en beneficio de los consumidores mediante los subsidios otorgados por el Gobierno fue de 833,403 millones de pesos. Cabe señalar que para 2024, el monto de la renuncia fiscal, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), fue de 26,357 millones de pesos (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2024).
En el caso de las tarifas eléctricas domésticas se logró mantenerlas por debajo de la inflación, esto benefició tanto a los consumidores de bajo como de alto consumo, ya que, en este último caso, durante la pandemia se congeló la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) que se pagaba antes de la crisis sanitaria, lo que contribuyó a paliar el alto consumo doméstico por el resguardo domiciliario implementado durante la pandemia.(20)
A pesar de los avances en el suministro eléctrico y la autosuficiencia en hidrocarburos, persisten desigualdades en el acceso y el costo de los servicios energéticos, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables (Gobierno de México, CFE, 2025).
Las causas de esta situación son la condición de lejanía de las comunidades de las redes de distribución, en el caso del servicio eléctrico. En el caso de las gasolinas se debió a la falta de esquemas en que las comunidades indígenas, ejidos y otro tipo de actores de la economía social pudieran participar en la venta de estos combustibles integrándose a las cadenas de distribución y acercando los puntos de venta a los consumidores finales con precios accesibles.
En ese sentido, las acciones en el sector energético, realizadas con un enfoque de derechos, podrán ser continuadas y mejoradas gracias a la Reforma Energética de 2025. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado recuperar y colocar una visión de derechos y de sustentabilidad al acceso de energía, a través de la Justicia Energética, la cual trasciende a un marco de aplicación nacional ya que México forma parte del Acuerdo de Paris y con ello, el país está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), específicamente en sus objetivos 5 y 7. (Naciones Unidas, 2023)
El ODS 5 "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas" destaca que las mujeres perciben salarios un 23% menores que los hombres en el mercado laboral mundial y dedican el triple de horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Ante este panorama, el PROSENER, alineado al PND, busca reducir las desigualdades sociales y de género en México mediante el acceso a infraestructura energética confiable, asequible, segura y sustentable, promoviendo la Justicia Energética.
Lo anterior empodera directamente a las mujeres al liberar tiempo para educación o actividades económicas, reducir riesgos de salud por contaminación intradomiciliaria y facilitar el acceso a tecnologías que mejoran su productividad. Además, contribuye al ODS 7 "energía asequible y no contaminante", ante el desafío global de que, en 2021, 675 millones de personas -la mayoría en países menos desarrollados y con mayor impacto en mujeres- carecían de electricidad, proyectándose reducir esta cifra a 630 millones para 2030 (Naciones Unidas, 2023).
La búsqueda de ampliar la infraestructura y la tecnología para el suministro de energía limpia es un objetivo crucial que contribuye tanto al desarrollo, como al medio ambiente. Ahora se propone como meta a 2030, alcanzar una participación de generación de energía limpia del 38%, acorde a cumplir y superar la Ley General de Cambio Climático, que establece la participación de las energías limpias, como la eólica, solar fotovoltaica, geotermal, etc. en la generación eléctrica total (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2024).
Con ello, se busca alcanzar para 2030 la electrificación total de la población mexicana (Gobierno de México, CFE, 2025), de manera que México contribuirá a alcanzar la reducción de personas sin acceso a la energía eléctrica en el mundo.
Bajo este panorama, desde el inicio de la administración actual, en la conferencia matutina del 5 de febrero de 2025, se llevó a cabo la presentación del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sector Eléctrico Nacional, que en su apartado de Justicia Energética indica que los precios y tarifas no tendrán aumento en términos reales, con el fin de apoyar a todas las familias de México garantizando el subsidio al consumo de energía eléctrica, también se dará continuidad al programa de cobertura eléctrica nacional, con la meta de suministrar energía a 523,247 habitantes adicionales mediante esquemas de generación eléctrica con fines sociales y comunitarios.
Con este programa, en 2024 se electrificaron 125,994 viviendas, beneficiando a 512, 269 habitantes, siendo $12,009 pesos invertidos en promedio por cada habitante, esto se enlaza con el Grado de Electrificación, que en el país pasó de 98.75% en 2018 a 99.64% en diciembre de 2024, quedando pendiente por electrificar a 490 mil habitantes.
Cabe destacar que, durante 2024 este proceso fue acompañado de la instalación de 9,415 módulos solares individuales (MSI), 4,046 km de líneas de distribución, 89,917 postes, 14,936 transformadores, 10,122 obras terminadas junto con una inversión de 6,152 millones de pesos (Mdp). Aunado a lo anterior, CFE llevará a cabo, en el periodo 2025-2030, 42,221 obras de electrificación en todo el país donde se beneficiarán a 557,817 habitantes con una inversión de 14,309 Mdp, esto mediante la ampliación de red aérea y subterránea y la instalación de sistemas aislados (módulos solares individuales y granjas solares). Esta tarea se llevará a cabo con recursos del FSUE.
Además, se añaden dos programas nuevos para mejorar la salud y profundizar la Justicia Energética, el "Programa Techos Solares para el Bienestar" y el "Programa de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar". Estas tareas se llevan a cabo con recursos del FSUE y el FOTEASE.
El "Programa de Techos Solares para el Bienestar" consiste en llevar a cabo la adquisición, instalación e interconexión de Sistemas Fotovoltaicos (SFV), esto sobre los techos de las viviendas. El programa se llevará a cabo en regiones del país con clima cálido, con el objetivo de generar ahorros en el consumo de energía de los hogares y, por ende, en la facturación eléctrica, en apoyo a las economías de los habitantes beneficiados, específicamente durante la temporada de verano en la cual el uso de aire acondicionado junto con el uso de ventiladores es esencial para alcanzar un nivel de vida adecuado.
El objetivo de este programa es la instalación del SFV en al menos 5,500 viviendas de la ciudad de Mexicali, Baja California durante el año 2025. A través de este programa, se logrará beneficiar a familias de grupos vulnerables que se encuentren en situación de pobreza energética en esta región del país, mediante el acceso a una energía eléctrica más limpia y económica. Con ello también se logrará la reducción del consumo eléctrico procedente de fuentes fósiles que requieren aparatos como los ventiladores eléctricos, aire acondicionado y refrigeradores, que usarán la electricidad generada por los techos solares.
Además de beneficiar a las familias participantes del programa, se fomentará el consumo responsable de la energía eléctrica y el uso de energías renovables, se reducirá la emisión de GEI asociadas a la generación eléctrica y se promoverá el desarrollo económico en la región (Secretaría de Energía, 2025).
En la primera presentación de este programa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se mencionó que se implementarán paneles solares en hogares del país, a través de un subsidio para apoyar a las familias durante las altas temperaturas del verano, el cual inició en Mexicali ante la problemática de estrés térmico y pobreza energética en zonas de clima extremo, donde familias especialmente aquellas en situación de pobreza, adultos mayores o residentes en viviendas precarias enfrentan gastos excesivos en electricidad y riesgos a la salud.
Por último, el gobierno asumirá su responsabilidad como impulsor del desarrollo regional y la prosperidad compartida, impulsando la participación de las empresas y comunidades en la planificación y ejecución de proyectos con impacto ambiental o social significativo (Presidencia de la República, 2024).
En adición, el "Programa de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar" que dio inicio en Michoacán, forma parte del Plan de Justicia del Pueblo P´urhépecha, que busca atender el problema de salud pública y degradación ambiental asociado al uso de fogones tradicionales de leña. Estos fogones generan contaminación intradomiciliaria, que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas indígenas -quienes dedican más tiempo a labores domésticas.
El Gobierno de México, a través de la SENER, de la Secretaría de Bienestar y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), lleva a cabo este programa, con el que se sustituirán los fogones de leña tradicionales por estufas más eficientes, duraderas, económicas, y menos contaminantes. La prioridad de este programa es otorgar el beneficio a los hogares con población vulnerable (Secretaría de Energía).
Es importante destacar que, el programa de "Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar" no solo es de relevancia nacional, sino que en el contexto internacional es un tema crucial incluido en los ODS. En su séptimo objetivo, se menciona que para 2030 se prevé que una cuarta parte de la población seguirá utilizando sistemas inseguros e ineficientes.
En 2021 alrededor del 29% de la población mundial (2,300 millones de personas) seguían dependiendo de cocinas ineficientes y contaminantes, las cuales, ponen en riesgo la salud, oportunidades laborales, educativas y sociales, así como y dañan el medio ambiente. Así, el programa referido contribuirá a cumplir la meta global de que el 77% de la población mundial acceda a soluciones de cocina no contaminantes (Naciones Unidas, 2023).
Las acciones en materia de Justicia Energética se complementarán con el Plan de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos, atendiendo brechas históricas en el acceso a energía y conectividad, que afectan especialmente a comunidades rurales e indígenas. Esto incluye compensaciones por la instalación de torres de transmisión, electrificación y ampliación de red eléctrica en zonas rezagadas, así como talleres de eficiencia energética para reducir gastos en hogares vulnerables.
Además, se impulsarán acciones de desarrollo social, como reuniones con sectores clave, campañas de reciclaje (donación de papel, recolección de residuos peligrosos) y reforestación con especies endémicas, priorizando áreas con mayor degradación ambiental y poblaciones en situación de marginación.
5.3.2. Generación de electricidad y Transición Energética · 5.5 Visión de largo plazo