Apartado 1.3. Acuerdos internacionales
Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico · Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039 · Apartados del plan
1.3. Acuerdos internacionales
El PLADESE se sustenta en los compromisos internacionales que México ha suscrito y que permanecen vigentes. Estos instrumentos fortalecen la visión nacional de garantizar el acceso universal a la energía, respetar los derechos humanos, promover la igualdad de género y responder de manera decidida al cambio climático y al desarrollo sostenible. A continuación, se presentan los principales instrumentos internacionales de los que México es signatario y que tienen características vinculantes para el Estado Mexicano en materia energética:
· La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, lo que incluye salud, bienestar, vivienda, alimentación y servicios sociales básicos. Estos principios han servido de base para concebir la electricidad como un bien esencial y un elemento indispensable para mejorar la calidad de vida de la población, lo cual se refleja en los objetivos del PLADESE.
· El Régimen de la Organización de los Estados Americanos (OEA), compuesto por la Carta de la OEA (1948) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), establece un marco de cooperación regional, justicia social y respeto a los derechos esenciales de las personas. La Carta enfatiza que la eliminación de la pobreza crítica y la justicia social son responsabilidades compartidas de los Estados miembros, principios que hoy se reflejan en la atención a la pobreza energética y el acceso equitativo a la electricidad. De manera complementaria, la Declaración Americana reconoce derechos fundamentales vinculados a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo y la participación en los beneficios del progreso científico y cultural (arts. XI-XIV), subrayando que el bienestar de las personas depende de condiciones materiales adecuadas, entre las cuales se incluye el acceso a servicios esenciales como la electricidad.
· El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1981), en su artículo 11, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida digno, con alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como la mejora continua de las condiciones de vida. México mantiene su compromiso con este tratado, alineando sus
políticas energéticas y el PLADESE a los principios de equidad y justicia social.
· La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1980) dispone en su artículo 14, que los Estados deben garantizar a las mujeres en zonas rurales condiciones de vida adecuadas, incluyendo el acceso a electricidad, agua, vivienda y transporte. Este mandato sustenta la necesidad de que el PLADESE incorpore un enfoque de igualdad sustantiva en el acceso y la cobertura de los servicios eléctricos.
· La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (1994) es el marco principal de acción global para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y evitar daños graves al sistema climático. México ha participado activamente en sus Conferencias de las Partes (COP), donde se definen y revisan compromisos multilaterales que inciden en la planeación del sector eléctrico y que se consideran dentro del PLADESE.
· La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), sigue siendo un marco global prioritario. Sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar prosperidad para todas las personas. El ODS 7 destaca la importancia de asegurar el acceso universal a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, objetivo plenamente alineado con la estrategia de planeación del PLADESE.
· El Acuerdo de París (2016) compromete a sus signatarios a limitar el aumento de la temperatura media global a menos de 1.5 °C respecto a niveles preindustriales. Este acuerdo obliga a las Partes a establecer metas de mitigación y adaptación, y en el caso de México, dichas metas se expresan en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) actualizadas, que incluyen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida corta hacia 2030. Estas obligaciones tienen un impacto directo en la planeación del sector eléctrico y fortalecen las líneas de acción del PLADESE hacia las energías limpias y sostenibles.
· El Acuerdo de Escazú (2018) establece un marco regional destinado a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y la protección de defensores del medio ambiente. En el contexto del sector eléctrico, este instrumento refuerza la necesidad de que los proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad se planifiquen y ejecuten de manera transparente, sostenible y socialmente responsable, asegurando que las comunidades afectadas tengan voz y mecanismos de consulta efectivos. De este modo, Escazú contribuye a que las políticas energéticas nacionales, incluidas las contempladas en el PLADESE, se desarrollen respetando estándares ambientales y sociales, promoviendo la aceptación comunitaria y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema eléctrico.
· El Tratado de Tlatelolco (1967) establece la prohibición de las armas nucleares en América Latina y el Caribe y regula el uso de la energía nuclear exclusivamente con fines pacíficos. En su preámbulo, se señala que la vocación pacifista de la región determina la necesidad de que la energía nuclear se emplee de manera que acelere el desarrollo económico y social de los pueblos, garantizando un acceso equitativo entre los estados de la región a esta fuente de energía. El artículo 17 del Tratado refuerza este principio al establecer que ninguna disposición menoscaba el derecho de los Estados para utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, particularmente en su contribución al desarrollo económico y al progreso social.
· El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica), institucionalizado en julio de 2009 durante la XI Cumbre de Tuxtla, es un mecanismo de coordinación y cooperación regional que busca fortalecer la integración económica y social de los países mesoamericanos, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. En el Eje Económico, la línea de Energía promueve la creación de una estrategia integral para optimizar los costos de electricidad, consolidar un mercado eléctrico regional y aumentar la seguridad energética, fomentando además la inversión privada y el desarrollo de energías renovables. Estos principios refuerzan la visión del PLADESE de fortalecer la infraestructura eléctrica nacional, incrementar la eficiencia del sistema y asegurar que la energía contribuya al desarrollo económico y social, en coherencia con los esfuerzos de integración y cooperación regional.
Apartado 1.2. Alcances · Apartado 1.4. Evaluación de los impactos sociales de los proyectos del sector eléctrico