Transitorio Quinto
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública · Transitorios del decreto
Los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, serán respetados, en términos de la legislación aplicable.
Los recursos humanos con que cuente el referido Instituto pasarán a formar parte de la Secretaría Anticorrupción y
Buen Gobierno y Transparencia para el Pueblo.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales transferirá los
recursos correspondientes al valor del inventario o plantilla de plazas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de que
esa dependencia realice las acciones que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Las personas servidoras públicas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales que dejen de prestar sus servicios en el mencionado Instituto y que estén obligadas a presentar
declaración patrimonial y de intereses, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, lo realizarán en los
sistemas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno habilitados para tales efectos o en los medios que esta
determine y conforme a la normativa aplicable a la Administración Pública Federal. Lo anterior también es aplicable a
las personas que se hayan desempeñado como servidoras públicas en el mencionado Instituto y que a la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto aún tengan pendiente cumplir con dicha obligación.
Las personas que dentro de los diez días previos a la entrada en vigor del presente Decreto se hayan
desempeñado como personas servidoras públicas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, incluyendo a las personas Comisionadas, deben presentar acta administrativa de
entrega-recepción institucional e individual, según corresponda, a la persona servidora pública que la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno designe y conforme a la normativa aplicable a la Administración Pública Federal, en
los sistemas de la referida dependencia habilitados para tales efectos o en los medios que ésta determine, en el
entendido que la entrega que se realice no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a
determinar por la autoridad competente con posterioridad.